Tras la acusación presentada por el Ministerio Público se ordenó el pase a juicio de Arnoldo Antonio Arcila Rodríguez (42) y Erika Lourdes Ruiz Pimentel (37) por su presunta responsabilidad en la ejecución de violencia sexual hacia sus dos hijas de 14 y 15 años de edad.
El hecho fue detectado el 2 de febrero del presente año, a través de una denuncia realizada por un docente de la escuela a donde asistían las adolescentes; ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); una vez que la víctima mayor decidió contarle lo ocurrido.
Durante el referido día, luego de hecha la denuncia ante el Cicpc; la adolescente reveló que tanto ella como su hermana eran abusadas por su padre dentro del inmueble donde hacían vida; ubicado en el sector El Chimpire de la parroquia San Gabriel; perteneciente al municipio Miranda del estado Falcón.
En tal sentido, los hechos comenzaron siete años antes; cuando Arcila Rodríguez comenzó a tocarles a ambas sus partes íntimas. Mientras ambas víctimas crecieron, también incrementaron la gravedad de los actos; al punto de que el victimario les practicaba sexo oral; y luego él las obligaba a hacerle lo mismo.
Una vez que las jóvenes tuvieron 13 y 12 años, respectivamente; su progenitor comenzó la penetración vaginal. Posteriormente, las adolescentes le contaron a su madre lo ocurrido, pero Ruiz Pimentel hizo caso omiso de esas revelaciones.
Con dicha información, el Cicpc notificó al Ministerio Público y dio pie a las experticias pertinentes; que conllevaron a la aprehensión de la pareja el 2 de febrero del presente año en su domicilio situado en la parroquia San Gabriel.
La Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Arcila Rodríguez por la comisión de violencia sexual agravada y continuada; mientras que se ratificó la acusación en contra de Ruiz Pimentel debido a la comisión por omisión del mismo tipo penal.
La audiencia preliminar se llevó a cabo en el Tribunal 1º de Control de Violencia Contra La Mujer, instancia que con fundamento en la acusación de la representación fiscal; ordenó el pase a juicio para la pareja y mantuvo su sitio de reclusión en la sede del Cicpc situada en Coro.
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Prensa LOV/CCGuerra
