¡Acusado de trata! Bolivia tiene la "intención" de detener a Evo Morales
La Fiscalía de Tarija concluye su investigación contra el expresidente Evo Morales y espera a que el tribunal de inicio al juicio oral.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ha apuntado este lunes a un operativo para arrestar al expresidente Evo Morales alegando que el Ejecutivo tiene «la intención de ir y aprehenderlo», ya que el exdirigente está acusado de un presunto delito de trata de personas agravado como parte de su presunta relación con una menor de edad en 2015.
El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, confirmó que la investigación sobre Evo Morales ha finalizado y que el Ministerio Público presentó todas las acusaciones y pruebas pertinentes ante el tribunal encargado de llevar adelante el juicio.
Según consignó el medio boliviano El Deber, este avance procesal implica que la responsabilidad de señalar la fecha y hora para el inicio del juicio oral ahora recae en el órgano judicial. En tanto, el caso contra Morales, vinculado a un presunto delito de trata de personas agravado, ha acaparado la atención nacional por la implicación directa del expresidente y el impacto político de la investigación.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, informó el lunes que existe la disposición oficial de proceder con la detención de Evo Morales. Según publicó el diario La Razón, Oviedo declaró que la administración actual tiene “la intención de ir y aprehender al señor Morales”, resaltando que sobre el exmandatario pesa una orden judicial activa.
Oviedo remarcó que Morales se encuentra acusado por una relación con una menor en 2015 y detalló que la orden de captura se emitió “por rehuir a la justicia”.
El funcionario recalcó que el exlíder podría resolver la situación si se presenta ante el juzgado correspondiente, interrogándolo directamente: “¿A qué teme?”.
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En respuesta, Evo Morales reconoció públicamente la existencia de una orden de aprehensión en su contra, pero rechazó las acusaciones de haberse dado a la fuga. Según declaraciones citadas por La Razón, Morales manifestó que “solo estoy protegido por el pueblo porque —no contentos con proscribirme— los enemigos de los indígenas me quieren matar”. En ese contexto, sostuvo que sus adversarios políticos intentan eliminarlo no solo judicialmente, sino también físicamente.
Tal como publicó El Deber, la Fiscalía de Tarija completó la etapa investigativa y entregó el pliego acusatorio junto con las pruebas de cargo al tribunal encargado del caso. El fiscal Mogro explicó que corresponde ahora al órgano judicial continuar con los procedimientos, permitiendo que Morales ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo necesarias, antes de que se fije la fecha para la audiencia oral.
De acuerdo con lo consignado por ambos medios, el proceso judicial que enfrenta Morales ha generado un debate nacional debido al trasfondo político, mediático y social del caso.
La acusación de trata de personas agravada se sustenta en la relación que supuestamente mantuvo Morales con una menor de edad en 2015, un hecho que la Fiscalía investigó durante varios meses antes de remitir la causa al Poder Judicial. Las autoridades sostienen que Morales evitó comparecer ante la justicia, lo que motivó la emisión de una orden de arresto activa.
En este contexto, el Gobierno boliviano ha explicado que mantiene su postura de avanzar con el proceso judicial en cumplimiento del mandato legal y que existen mecanismos establecidos para permitir la defensa del acusado.
Según declaraciones oficiales recogidas por La Razón y El Deber, el tribunal deberá fijar los próximos pasos del proceso, y mientras tanto, tanto el Ejecutivo como la Fiscalía esperan que Morales acuda voluntariamente ante las autoridades.
El caso continúa despertando atención tanto en el ámbito político como entre organismos sociales y de derechos humanos, dado el perfil de Morales como exjefe de Estado y su protagonismo político actual. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que cualquier avance dependía ahora exclusivamente del Poder Judicial, que tiene la responsabilidad de garantizar tanto el cumplimiento de la ley como los derechos procesales del acusado.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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