El proyecto de ley ahora pasará a un proceso de consulta pública, por lo que el texto final puede variar al momento de entrar a la segunda discusión en la plenaria, en la que los diputados deben votar artículo por artículo.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, a través de la fijación de precios de productos y servicios mediante un «mutuo acuerdo» entre el Estado y comerciantes.
La propuesta, que requiere de una segunda discusión antes de convertirse en norma, fue presentada por el oficialismo como una legislación para defender el salario de los trabajadores, pero para una bancada opositora el texto puede afectar la oferta de bienes y servicios.
El diputado oficialista Ramón Lobo explicó, en una sesión ordinaria de la AN transmitida por el canal estatal ANTV, que el instrumento legal busca garantizar «precios adecuados».
Además, dijo que la ley, que contiene 96 artículos, contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el Sistema Nacional de Observación de Precios que, sostuvo, será el «punto de encuentro» para que entre el Estado y los agentes económicos se fijen los precios «de mutuo acuerdo».
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«En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción, tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles», agregó.
Lobo indicó que el texto establece un «esquema sancionatorio» sin ofrecer mayores detalles al respecto.
Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, miembro de la bancada Libertad que integra el exgobernador Henrique Capriles, dijo que el proyecto de ley tiene unos «nudos críticos» que podrían afectar la oferta de bienes y servicios en el país.
«Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta, no hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío», señaló.
Bracho apuntó que la «verdadera protección» es la abundancia, la competencia y no el «control asfixiante», por lo que cree que esta es una ley de «control de producción y control al consumidor» y ante lo expuesto su fracción salvó el voto.
El Gobierno de Venezuela fijó precios de productos y servicios en 2015, una política que se fue endureciendo hasta 2018, cuando los controles empezaron a flexibilizarse hasta que se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó a la población.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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