La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta nuevamente un tribunal luego de que su sobreseimiento de junio pasado fuera anulado este martes.
Un tribunal revocó el martes el sobreseimiento de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a pocos días de su salida del gobierno.
Con el voto disidente de uno de sus tres integrantes, la Cámara Federal anuló el sobreseimiento de Fernández de Kirchner dispuesto en junio por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó al magistrado que profundice la investigación en torno a la dirigente peronista que gobernó entre 2015 y 2019, dijeron medios de prensa que reprodujeron la medida, entre ellos la agencia oficial de noticias Télam.
Fernández de Kirchner, de 70 años, dejará el 10 de diciembre la vicepresidencia por la llegada al poder del binomio de ultraderecha conformado por el presidente y la vicepresidenta electos Javier Milei y Victoria Villarruel.
La vicepresidenta, que fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta durante su mandato —sentencia que ha apelado— y además enfrenta otras investigaciones judiciales, quedará sin fueros que la protejan de medidas judiciales como el pedido de detención.
La exmandataria rechazó la decisión judicial en su cuenta de X, antes Twitter. “Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, dijo Fernández de Kirchner sobre la revocación de su sobreseimiento, que fue solicitada por la asociación civil Bases Republicanas, afín al expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019).
La exgobernante acusa a su sucesor en el poder y uno de los referentes de la oposición de manejar a sectores judiciales que la tienen en la mira en diferentes pesquisas.
El sobreseimiento de la dirigente peronista en el caso sobre lavado de dinero fue solicitado en mayo por el fiscal del caso Guillermo Marijuán con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos —el ente recaudador de impuestos— y de la Unidad de Información Financiera (UIF) por entender que no existían pruebas en su contra en la causa en la que el empresario Lázaro Báez, allegado de la exmandataria, fue condenado a 10 años de prisión.
La investigación a Fernández Kirchner se originó durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), cuando el fiscal Marijuán imputó a la entonces exmandataria a partir de la declaración como arrepentido de un financista que la involucró en supuestas maniobras de lavado y de la recomendación de la UIF de investigarla como la presunta dueña en las sombras del dinero de Báez, un empresario dedicado a la construcción de obras viales.
Pero el mismo fiscal indicó unos meses atrás que no había conseguido pruebas que sustentaran la acusación y que los centenares de contactos entre Fernández de Kirchner y Báez incorporados a la causa no eran suficientes para determinar que la vicepresidenta hubiera estado involucrada en una operación de lavado de capitales encabezada por el empresario.
La medida fue apelada por la asociación civil Bases Republicanas, afín a Macri, y aceptada en agosto como querellante por la Cámara Federal.
La relación con Báez le ha acarreado a la vicepresidenta varias causas con la justicia, entre ellas la que derivó en su condena de prisión por beneficiar al empresario con unas 50 obras viales con fondos estatales durante su mandato.
En su mensaje en X cuestionando a la justicia, Fernández de Kirchner criticó además que el máximo tribunal penal argentino confirmara la desvinculación de Macri y de varios miembros de la Agencia Federal de Inteligencia de la causa que investigó el presunto espionaje los familiares de los marinos muertos con el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.
“Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan”, sostuvo la exmandataria.
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Prensa LOV/ CCGuerra
