Cámara Inmobiliaria ve en nueva ley de Arrendamiento oportunidad para reactivar mercado de alquiler en Venezuela
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela destaca los cambios de la nueva ley de arrendamiento y pide impulsar la construcción de viviendas.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera que la nueva Ley Especial de Arrendamiento de Vivienda puede convertirse en un punto de inflexión para el mercado de alquiler. Principalmente porque incorpora mecanismos que, a juicio del sector, ofrecen mayor seguridad jurídica a propietarios y arrendatarios.
Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, destacó durante una visita a Valencia que la normativa recupera la libertad de contratación entre las partes y permite establecer cánones de arrendamiento en moneda extranjera, pagaderos en bolívares de acuerdo con la tasa de cambio vigente al momento del pago.
Para el gremio, uno de los cambios más relevantes está relacionado con la resolución de conflictos. La ley contempla el arbitraje como una vía para atender las discrepancias entre propietarios e inquilinos. Esto podría reducir los tiempos asociados a la recuperación de los inmuebles cuando se produzcan incumplimientos.
González sostuvo que este mecanismo puede generar mayor confianza entre los propietarios y convertirse en un incentivo para que más inmuebles sean incorporados al mercado de alquiler.
La normativa también establece que el depósito en garantía no puede superar tres meses y contempla la posibilidad de utilizar una póliza de seguro para cubrirlo. La Cámara espera, además, que pueda incorporarse la figura de la fianza bancaria.
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero al momento de la declaración de González todavía esperaba su publicación en Gaceta Oficial. Una vez promulgada, los nuevos contratos quedarán sometidos a esta legislación, mientras que los acuerdos suscritos previamente continuarán regidos por la normativa de 2011.
El representante gremial advirtió que esta transición dejará temporalmente dos marcos legales aplicables al arrendamiento. Por ende, la Cámara continuará participando en las discusiones legislativas para procurar que exista un solo marco regulatorio para la actividad inmobiliaria.
Reducción de oferta
La discusión sobre el arrendamiento ocurre además en medio de una emergencia habitacional provocada por los terremotos del 24 de junio. González señaló que unas 17.000 personas permanecen afectadas en La Guaira y que buena parte de ellas se encuentra en refugios instalados en escuelas. Esta situación adquiere mayor urgencia ante el inicio del nuevo período escolar.
El impacto sobre el mercado inmobiliario se produjo por dos vías simultáneas. Por un lado, desapareció parte del inventario disponible como consecuencia de los daños. Pero, al mismo tiempo, aumentó la cantidad de personas que necesitan una vivienda.
Esta presión se trasladó inicialmente al mercado de alquiler, donde los damnificados comenzaron a buscar inmuebles sin que existiera una oferta suficiente para responder a la demanda.
González considera que el mercado secundario no puede convertirse por sí solo en la solución. «Venezuela lleva más de 15 años sin producir suficientes metros cuadrados de vivienda en sus principales ciudades».
No es solo viviendas disponibles
Consultado sobre cuántas viviendas podrían estar disponibles para atender a las familias afectadas, González aclaró que la Cámara Inmobiliaria no posee un inventario propio de inmuebles. Este gremio agrupa a intermediadores, productores y profesionales del sector, pero no administra directamente las propiedades que están disponibles para venta o alquiler.
A su juicio, centrar la discusión exclusivamente en cuántas viviendas vacías existen actualmente puede resultar insuficiente frente a la magnitud de la necesidad.
La Cámara sostiene que Venezuela necesita recuperar proyectos inmobiliarios paralizados durante más de una década y generar nuevos desarrollos capaces de ampliar de manera sostenida la oferta.
González puso como referencia las expectativas de inversión petrolera para los próximos años. Según explicó, una eventual expansión de esa industria podría generar una demanda habitacional considerablemente mayor a la que pueden atender los inventarios existentes. «Lo que podemos es hacer una propuesta concreta, seria y responsable: la necesidad es generar todos los nuevos proyectos que se puedan empezar a construir».
Sin aumento generalizado en precios
La emergencia también abrió interrogantes sobre el comportamiento de los precios de los inmuebles en las zonas con mayor demanda. González reconoció que los terremotos pueden generar presión sobre determinados precios, pero descartó que exista evidencia para afirmar que el mercado inmobiliario venezolano haya registrado aumentos generalizados de 50%, 60% u 80%, como se ha señalado en redes sociales.
De acuerdo con estadísticas de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela correspondientes al primer trimestre de 2026, el ajuste promedio habría sido cercano al 16%, con diferencias según las zonas y el nivel de demanda.
El presidente gremial insistió en que una mayor demanda no necesariamente se traduce automáticamente en un aumento sostenido de precios. Para que eso ocurra también deben existir condiciones financieras que permitan a los compradores acceder a los inmuebles, entre ellas financiamiento hipotecario y capacidad para cubrir las cuotas iniciales.
«La data es la que determina por dónde va el camino». Por ello, la Cámara prevé utilizar los registros y censos que se están levantando entre las personas afectadas para identificar dónde existe demanda de viviendas y canalizarla hacia las regiones que tengan capacidad de respuesta.
La Guaira y su pérdida de patrimonio
El terremoto también modificó la estructura del mercado inmobiliario de La Guaira. González explicó que la destrucción de viviendas significó una pérdida importante de patrimonio para miles de familias, pero simultáneamente creó una demanda de unas 17.000 personas que necesitan un lugar donde vivir.
A su juicio, esa situación no debería llevar a considerar que los terrenos donde estaban las edificaciones afectadas perdieron completamente su valor.
Antes de determinar qué puede reconstruirse, la Cámara propone realizar estudios de ingeniería forense para conocer las condiciones de las estructuras y del suelo. Posteriormente, plantea elaborar planes locales de ordenamiento urbano que determinen qué áreas pueden ser nuevamente desarrolladas y cuáles deben quedar fuera de nuevos proyectos.
La premisa del gremio es que el valor del suelo no desaparece necesariamente como consecuencia de un desastre, sino que dependerá de las condiciones de seguridad, la planificación urbana y la posibilidad de desarrollar nuevas edificaciones.
Subsidios y financiamiento
González también valoró la política de subsidios anunciada por el Ejecutivo para las personas que perdieron su vivienda principal como consecuencia de los terremotos.
Según explicó, el programa contempla inmuebles de hasta 70 mil dólares, con un subsidio equivalente al 80%, mientras que el 20% restante sería financiado a largo plazo mediante la banca pública y privada bajo condiciones subsidiadas.
La Cámara considera que esta medida puede contribuir a atender la emergencia habitacional, pero insiste en que debe acompañarse con una estrategia de construcción de nuevas viviendas.
El gremio también ha planteado mecanismos de financiamiento para los promotores inmobiliarios mediante propuestas discutidas con organismos como el PNUD, la Bolsa de Valores de Caracas y la Superintendencia Nacional de Valores.
La intención es crear instrumentos financieros que permitan canalizar recursos hacia nuevos proyectos inmobiliarios.
Recuperar confianza para arrendamiento
Para González, la recuperación del mercado inmobiliario depende de generar condiciones que devuelvan confianza tanto a propietarios como a constructores.
La Cámara considera necesario revisar además el marco jurídico relacionado con la construcción, incluida la legislación sobre estafa inmobiliaria, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a los promotores.
El gremio sostiene que una mayor producción de viviendas tendría efectos que irían más allá del mercado inmobiliario, debido a su capacidad para generar empleos y activar distintos sectores vinculados con la construcción.
La nueva ley de arrendamiento, en ese contexto, es vista por la Cámara como una pieza dentro de una recuperación más amplia del sector.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
