Unos 500 efectivos de la Guardia Nacional, entre ellos 200 de un “grupo élite” enviado por Texas, se preparan para tomar este 8 de octubre las calles de Chicago, en una nueva ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra bastiones demócratas a los que acusa de permitir la anarquía y el crimen. Pero ahora el presidente está listo para ir un paso más allá, pues analiza invocar un instrumento centenario, la Ley de Insurrección, que extenderá el poder y el control militar sobre los ciudadanos.
Unos 500 efectivos de la Guardia Nacional aguardaban la noche de este 7 de octubre en Elwood, 88 km al suroeste de Chicago, por su inminente despliegue en la llamada “Ciudad de los Vientos”, la tercera más grande de Estados Unidos, que se unirá a Los Ángeles y Washington entre las urbes demócratas que han sido objeto de tomas militares bajo el segundo mandato de Donald Trump.
El guion es el mismo: una supuesta crisis de criminalidad, que sus autoridades niegan, para militarizar ciudades con gobernantes demócratas y opuestas a su agresiva política antiinmigración.
Al igual que Los Ángeles y Washington DC antes de la federalización, Chicago es una ciudad santuario, con ordenanzas que prohíben el uso de recursos municipales para la aplicación de leyes migratorias.
Ya había sido escenario de algunos focos de protesta por la operación Midway Blitz, una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que han dejado más de 1.000 migrantes detenidos desde comienzos de septiembre, la mayoría de ellos latinos.
“Zona de guerra”
Mientras Trump habla de una “zona de guerra” tomada por el crimen, funcionarios locales han insistido en que las manifestaciones han sido pacíficas, de tamaño limitado y no han interrumpido las actividades cotidianas.
Tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentaron un recurso ante un tribunal federal para tratar de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional, animados por el resultado en Portland, Oregon, donde un tribunal emitió una restricción temporal para impedir la militarización.
Sin embargo, la jueza April Perry se negó a impedir el envío de tropas, y pidió al gobierno federal demorar al menos hasta el 9 de octubre un eventual despliegue, a la espera de que el Departamento de Justicia dé respuesta a los argumentos de los demandantes.
La petición de la jueza Perry podría caer en saco roto, porque la orden de bloquear el despliegue emitida por su colega de Oregon, que determinó que la militarización “excedía la autoridad del Gobierno”, tampoco fue acatada, y tropas federales siguieron movilizándose desde California y Texas hacia Portland.
La jueza Karin Immergut tuvo que emitir una segunda orden al día siguiente, suspendiendo por 14 días el despliegue, luego de nuevas demandas del gobernador de California Gavin Newsom y la alcaldesa de Portland, Tina Kotek.
¿Qué pasa en Chicago?
Las manifestaciones en Chicago contra la operación Midway Blitz ya han dejado al menos 30 personas acusadas de delitos federales por su oposición a la actuación de la agencia migratoria ICE y la Policía Fronteriza (CBP) en una de las ciudades con más inmigrantes.
Una ciudadana estadounidense recibió un disparo durante una de esas protestas. Agentes federales la hirieron el 4 de octubre, acusándola de haberlos enfrentado armada.
Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, expresada en un comunicado, se trató de disparos defensivos cuando los agentes «fueron embestidos por vehículos y encajonados por 10 autos».
Imágenes compartidas en redes sociales han mostrado a efectivos de ICE y CBP realizando violentos arrestos (incluyendo uno que llevó a la muerte de un detenido, Silverio Villegas), merodeando en vecindarios con fuerte presencia de inmigrantes latinos y rociando con gas pimienta a manifestantes que cuestionan su accionar.
Pero la situación en Chicago está lejos de ser el caos que denuncia Trump. Autoridades locales sostienen que las cifras de criminalidad están incluso por debajo de las de Texas, desde donde el gobernador Greg Abbott ha enviado 200 efectivos de la Guardia Nacional.
Según cifras del Departamento de Policía local, la tasa de homicidios se redujo este año en 28%, y en 50% si se le compara con los números de hace cuatro años.
A pesar de las protestas contra las redadas migratorias, la agitación es incluso menor que la que se vivió en 2020, cuafndo la ciudad fue una de las más activas durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano asfixiado hasta morir durante un arresto en Minnesota.
El gobernador Pritzker acusa a Trump de “utilizar a los miembros del servicio como accesorios políticos y como peones en su esfuerzo ilegal por militarizar las ciudades de nuestra nación».
El alcalde Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales usar propiedades de la ciudad, como terrenos baldíos o lotes de estacionamiento, a modo de puntos de preparación para sus redadas, y promete imputar por “delitos penales” a los que violen estas “zonas libres” de operativos migratorios.
Otra ley desempolvada: la gran diferencia
Tal como la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento del siglo XVIII que Trump usó para expulsar a venezolanos y migrantes de otros países a una megacárcel de El Salvador, ahora el presidente ha encontrado otra legislación centenaria para apoyar la militarización de las ciudades demócratas.
Se trata de la Ley de Insurrección, redactada en 1807 para ser aplicada cuando los desafíos de orden público superan las capacidades de las autoridades civiles. Permite a la Guardia Nacional y otras autoridades militares aplicar la ley civil, con lo cual quedan facultadas para realizar labores de vigilancia e incluso ejecutar arrestos.
Trump ya había hecho alusión al instrumento, y este 7 de octubre, cuando fue consultado al respecto durante su reunión con el primer ministro de Canadá Mark Carney, no lo descartó.
«Bueno, se ha invocado antes», respondió, para luego agregar: “Si miras a Chicago, Chicago es una gran ciudad donde hay mucho crimen, y si el gobernador no puede hacer el trabajo, nosotros haremos el trabajo. Todo es muy simple».
La Ley de Insurrección no se usa desde 1992, cuando el también republicano George H.W. Bush la invocó para sofocar los disturbios que se desataron en Los Ángeles, luego de que un tribunal absolvió a cuatro policías blancos que habían golpeado a un conductor afroamericano.
Su uso representaría una peligrosa escalada en los esfuerzos de Trump por ir más allá de los límites de su autoridad, de acuerdo con el general retirado Randy Manner, consultado por la agencia Reuters.
«Es una pendiente extremadamente peligrosa, porque esencialmente dice que el presidente puede hacer lo que quiera», aseguró Manner, quien llegó a ser subjefe interino de la Oficina de la Guardia Nacional. «Es absolutamente, absolutamente la definición de dictadura y fascismo».
De acuerdo con expertos, la Ley de Insurrección podría estar reñida con la Décima Enmienda de la Constitución, que determina que la autoridad policial es competencia de los estados, y no del gobierno federal.
Chicago podría ser el “plan piloto”, pero está lejos de ser el último objetivo. Trump sigue describiendo a Portland como “devastada por la guerra” y en manos de “terroristas internos”, y también apunta a otras ciudades azules.
Memphis y Nueva Orleans también están en la mira, como se reveló una reunión de un grupo de trabajo federal que incluyó al secretario de Defensa Pete Hegseth, el subjefe de Gabinete Stephen Miller y la fiscal general Pam Bondi.
En ambos casos, el despliegue se haría a instancias de los gobernadores republicanos Bill Lee de Tennessee y Jeff Landry de Luisiana, que han pedido apoyo de la Guardia Nacional para combatir el crimen.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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