La autoridad electoral de Colombia (CNE) decidió este martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente violar los topes de gastos en su campaña de 2022, pesquisas que el mandatario tilda de intento «golpe de Estado».
A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña «se les endilga la presunta vulneración al limite de gastos» por el equivalente a unos 880.000 dólares, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.
El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) para que el presidente sea sometido a un juicio político.
Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la petrolera estatal Ecopetrol, y su tesorera.
También dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.
Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo.
«Ha comenzado el golpe de Estado», escribió inmediatamente en la red social X.
Luego, durante un evento público, convocó a protestas.
«El presidente llegará hasta donde el pueblo diga (…) llegó el momento de moverse (…) se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado», dijo.
– Dineros de un narco –
El magistrado Lorduy agregó que en adelante los investigados podrán «ejercer el derecho de defensa y contradicción» ante el organismo.
Según un comunicado del CNE, la campaña habría decidido «omitir el reporte» de algunos gastos para propaganda electoral.
Tampoco reportó aportes del principal sindicato de maestros del país (Fecode) ni de un sindicato de Ecopetrol. Además, no hay registros de presuntos pagos a testigos electorales durante las votaciones.
El abogado del presidente, Héctor Carvajal, había anticipado en una entrevista radial que no iba a reconocer ninguna decisión del CNE y que tomaría medidas legales.
Petro asegura que el CNE tiene un sesgo, pues algunos de sus magistrados son cercanos a partidos de derecha.
Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la fiscalía que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.
Según las pesquisas realizadas hasta el momento por el CNE, el equipo de Petro no reportó gastos realizados para organizar encuentros multitudinarios con seguidores en la costa Caribe, una región tradicionalmente de derecha pero que en la pasada elección catapultó al izquierdista a la presidencia.
Esa hipótesis tomó fuerza después de que Nicolás Petro manifestara ante la fiscalía que el dinero de un capo narcotraficante conocido como «el hombre Marlboro» entró a la campaña.
La confesión fue hecha en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, por la que el hijo del presidente fue detenido en julio de 2023.
Nicolás Petro asegura que su padre no conocía sobre esos movimientos de dinero.
Otro escándalo salpicó al presidente luego de que en junio de 2023 se filtraron una serie de audios de conversaciones telefónicas de su embajador ante la FAO y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, con su mano derecha, Laura Sarabia, en los cuales éste amenazaba con «contar la verdad» de supuestas anomalías realizadas para conseguir votos en la región Caribe.
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Prensa LOV/CCGuerra
