El Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de una jueza que obligaba al expresidente colombiano Álvaro Uribe a permanecer bajo arresto domiciliario mientras apela las condenas por un caso de manipulación de testigos, por el que fue sentenciado a 12 años de prisión.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de manipulación de testigos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.
Uribe fue condenado, en primera instancia, por fraude procesal y soborno, según la sentencia leída por la jueza del proceso el viernes 1 de agosto. La pena, que incluye una multa de unos 840.000 dólares y una inhabilitación por 8 años, era la máxima pena contemplada para el expresidente colombiano.
Tras emitir la condena, el expresidente colombiano Álvaro Uribe había sido puesto bajo arresto domiciliario.
Uribe siempre ha mantenido su inocencia y está apelando la condena, que él y sus partidarios califican de persecución política.
Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.
El Tribunal Superior de Bogotá indicó que resolvió «dejar sin efecto» la orden de arresto domiciliario «hasta tanto la sala penal correspondiente de este tribunal defina el recurso de apelación».
La condena se produjo menos de un año antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, en las que varios de los aliados y protegidos de Uribe compiten por el máximo cargo.
Los detractores de Uribe, de 73 años, celebraron la condena al recordar los señalamientos durante décadas de supuestos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares.
¿Por qué fue condenado?
El expresidente fue acusado de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, para que cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
El caso se remonta a 2012. Entonces, el ahora senador Iván Cepeda afirmaba ante el Congreso que sospechaba de la implicación del expresidente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos.
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Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia contra él por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Pero, lejos de investigar a Cepeda, la Corte Suprema abrió un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria.
La tesis de la Fiscalía indicaba que Uribe presuntamente envió al abogado Diego Cadena para que convenciera a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve de testificar a su favor, desligándolo de vínculos con el paramilitarismo a cambio de beneficios jurídicos.
En este caso, la jueza consideró probados los dos primeros delitos (soborno en actuación penal y fraude procesal).
Uribe fue presidente entre 2002 y 2010 y lideró una ofensiva militar contra las formaciones guerrilleras del país,.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
