El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes urgió este jueves a Perú a mejorar los procedimientos de regularización de ese colectivo y en particular de los procedentes de Venezuela, para frenar sus deportaciones como resultado de un endurecimiento en 2018 de la política migratoria peruana.
Es una de las principales peticiones que el comité expresó en el segundo examen de Perú, del 4 al 5 de diciembre, para analizar el cumplimiento en el país de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
El comité expresó su preocupación por el cambio que sufrió la política migratoria peruana a partir de 2018, con la introducción de controles, la exigencia de pasaportes y visados y las expulsiones masivas, las cuales, advirtió, han afectado especialmente a venezolanos, colombianos y haitianos.
«Desde que estalló la situación en Venezuela, ha habido más de un millón de solicitudes de asilo venezolanas» en Perú, recordó el comité.
Asimismo, los expertos del comité aseguraron haber detectado discriminación y xenofobia contra los extranjeros y en particular contra los venezolanos, a los que, aseguraron, «parecía culparse de la delincuencia en Perú».
Ante esta situación, el órgano de la ONU pidió explicaciones al Estado peruano sobre cómo se aplican las medidas relativas a las expulsiones y deportaciones y aseguró que, si bien se pueden imponer limitaciones en la regularización migratoria, éstas deben ser «razonables».
Sobre los emigrantes peruanos, esta instancia valoró positivamente las medidas tomadas en el pasado para prestar asistencia en el regreso de los nacionales en el extranjero, pero alertó de que los servicios consulares del país «son limitados y no satisfacen las necesidades de todos los expatriados».
Por otro lado, el comité mostró su preocupación por el aumento en los últimos años del número de peruanos, y especialmente peruanas, que abandonan el país, la gran mayoría de ellas «jóvenes profesionales».
«La actual migración de peruanos representa una fuga de cerebros y una pérdida de capital humano», añadieron los expertos.
En lo positivo, el comité elogió a Perú por el alto índice de asistencia prestada a ciudadanos peruanos detenidos en el exterior que se encontraban a la espera de un proceso de expulsión.
Se estima que entre 2023 y 2024 el Estado peruano brindó asistencia a más de 5.000 ciudadanos peruanos detenidos en el exterior.
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
