De acuerdo con un extenso trabajo de investigación de The New York Times, el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, urdieron la estrategia contra Venezuela, ante el interés del presidente de EEUU de tratar de obtener el control sobre el petróleo venezolano.
Una noche en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, cómo endurecer la postura de su gobierno con Venezuela.
Era justo antes del Día de los Caídos, y los legisladores cubano-estadounidenses de derecha, cuyos votos necesitaba Trump para su emblemático proyecto de ley de política interna, le instaban a apretar las tuercas a Venezuela mediante la detención de las operaciones petroleras de Chevron en el país.
Pero Trump no quería perder el único punto de apoyo de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana, donde China es el mayor actor extranjero.
El presidente estaba considerando permitir que Chevron continuara en Venezuela. Pero le dijo a su canciller Rubio, un halcón de larga data en lo que respecta a Venezuela y Cuba, que tenían que demostrar a los legisladores y otros escépticos que podían tomar medidas drásticas contra el mandatario nacional, Nicolás Maduro.
Otro asistente presente en la sala, Stephen Miller, dijo que tenía ideas. Como asesor de seguridad nacional, había hablado con otros funcionarios sobre la promesa electoral del presidente norteamericano de bombardear los laboratorios de fentanilo.
Por diversas razones, esa idea se había desvanecido, y en las últimas semanas Miller había pasado a explorar la posibilidad de atacar embarcaciones sospechosas de transportar drogas frente a las costas de Centroamérica.
Los tres objetivos clave
Las deliberaciones de Miller no se habían centrado en Venezuela, que no produce fentanilo. Pero esa noche comenzaron a fusionarse tres objetivos políticos distintos: debilitar a Maduro, utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga y garantizar el acceso de las empresas estadounidenses a las grandes reservas de petróleo de Venezuela.
Dos meses después, Trump firmó una directiva secreta en la que ordenaba al Pentágono llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos y pedía específicamente ataques marítimos.
Aunque la justificación era la droga en general, la operación concentraría una enorme potencia de fuego naval frente a las costas de Venezuela.
Esta estrategia ha estado signada por ataques estadounidenses que han causado la muerte de al menos 105 personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, un cuasi bloqueo de los petroleros que entran y salen de los puertos venezolanos y las amenazas de Trump de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela.
Estas decisiones reflejaron los esfuerzos conjuntos de Rubio y Miller, quienes han trabajado en tándem para imponer políticas contra el gobierno de Venezuela.
Venezuela se convierte en el centro de la política exterior de EEUU
The New York Times aclara que este relato sobre cómo Venezuela pasó a ocupar un lugar central en la agenda de política exterior de la administración Trump se basa en entrevistas con funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, casi todos los cuales aceptaron hablar solo bajo condición de anonimato, debido a lo delicado del tema en materia de seguridad nacional.
Entre las conclusiones se encuentran las siguientes:
– Miller pidió a los funcionarios de la Casa Blanca que estudiaran formas de atacar a los cárteles de la droga en sus países de origen en América Latina. El asesor de seguridad nacional quería ataques que llamaran la atención generalizada para crear un efecto disuasorio.
– La atención sobre Venezuela se intensificó a finales de mayo, cuando Trump se mostró molesto por las duras negociaciones con Chevron. El petróleo venezolano ha tenido más peso en las deliberaciones del gobierno estadounidense de lo que se había informado anteriormente.
– En reuniones celebradas a principios de verano, Rubio y Miller hablaron con Trump sobre la posibilidad de atacar Venezuela.
– Miller dijo a los funcionarios que, si Estados Unidos y Venezuela entraran en conflicto, la administración Trump podría volver a invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, para acelerar la deportación de cientos de miles de venezolanos a los que la administración ha despojado de su estatus de protección temporal.
– La orden secreta de acción militar contra los cárteles que Trump firmó el 25 de julio, en la que se pedían ataques marítimos, es la primera directiva escrita conocida del presidente sobre este tipo de ataques. Los funcionarios de la administración se refirieron a los ataques a los barcos como «Fase Uno», con el equipo SEAL Six a la cabeza. Han discutido una vaga «Fase Dos», en la que las unidades de la Fuerza Delta del Ejército podrían llevar a cabo operaciones terrestres.
– El secretario de Defensa, Pete Hegseth, impidió que muchos militares de carrera y abogados participaran en la redacción de la «orden de ejecución» que guía los ataques a los barcos. Como resultado, la orden tenía lagunas problemáticas, entre ellas la falta de indicaciones sobre cómo tratar a los supervivientes.
– Rubio, Miller y otros responsables supervisaron un proceso a menudo aleatorio y envuelto en el secreto. Su capacidad para mantener la planificación dentro de un círculo cerrado se ha visto favorecida por el desmantelamiento, a lo largo del año, de entidades de la burocracia federal, incluido el Consejo de Seguridad Nacional, que coordina las discusiones entre agencias.
– En septiembre, la administración entró en lo que hasta ahora es la etapa más sangrienta de su campaña contra Maduro, con 29 ataques mortales con embarcaciones en los últimos cuatro meses, operaciones que muchos expertos legales consideran asesinatos o crímenes de guerra. La administración afirma que tiene información de inteligencia que vincula las embarcaciones con el tráfico de drogas, pero no ha presentado públicamente pruebas de esa afirmación.
Por su parte, Miller ya había encontrado una herramienta legal para eludir el debido proceso: la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que permite la detención inmediata y la deportación de ciudadanos de un país que haya invadido los Estados Unidos o esté en guerra con él.
Trump firmó una orden ejecutiva en marzo invocando la ley, con un título que advertía sobre «la invasión de los Estados Unidos por parte del Tren de Aragua».
En retrospectiva, la orden fue una importante primera salva contra Maduro: fue la primera vez que la administración enmarcó formalmente al mandatario venezolano y a los Estados Unidos como si estuvieran en una especie de guerra.
Los tribunales dictaminaron rápidamente que la inmigración ilegal no se considera el tipo de invasión que justifica el uso de la ley de deportación en tiempo de guerra.
A principios de mayo, el equipo del Asesor de Seguridad Nacional de EEUU comenzó a solicitar más opciones para utilizar la fuerza contra los cárteles de la droga.
Los funcionarios de la Casa Blanca y otras personas barajaron ideas relativamente más restrictivas, como utilizar la CIA para llevar a cabo ataques encubiertos contra barcos atracados que no tuvieran personas a bordo. Pero el equipo de Miller quería dar publicidad a los ataques.
Los funcionarios también discutieron la posibilidad de volar barcos falsos con drogas para infundir miedo a los traficantes. Pero el asesor de seguridad de Trump quería hechos reales, según dijeron los funcionarios.
En junio, circulaba por el Pentágono una solicitud para estudiar una posible operación marítima. Todavía no se centraba en Venezuela, pero eso cambiaría pronto, impulsado por el interés que Trump había mostrado durante años por el recurso más valioso del país suramericano.
Enfrentamiento por el Petróleo
Durante años, Chevron se ha aferrado a un privilegio único en el mundo empresarial estadounidense: el permiso de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para producir y exportar petróleo en empresas mixtas.
Debido a ello, la empresa se convirtió en moneda de cambio en una serie de negociaciones secretas entre Trump, Maduro y los legisladores estadounidenses, a tal punto que se vio envuelta en una decisión crucial de Trump de emprender una acción militar.
Todo comenzó cuando los legisladores cubanoamericanos presionaron a Trump, a principios de este año, para que pusiera fin a la licencia confidencial de Chevron de la era Biden. Después de que Trump y Rubio anunciaran a finales de febrero que lo harían, Maduro dejó de aceptar vuelos de deportación de venezolanos.
Maduro había acordado aceptarlos el 31 de enero con Richard Grenell, enviado especial de Trump.
El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, presionó al Gobierno para que se prorrogara la licencia, y habló con Trump varias veces durante los meses siguientes.
En la reunión celebrada en el Despacho Oval a finales de mayo, Trump dijo a Rubio y Miller que había oído hablar de las desventajas de poner fin a la licencia, entre ellas que las empresas chinas se harían con las participaciones de Chevron, según un funcionario.
A finales de julio, Trump dio marcha atrás en la licencia de Chevron. Ordenó al Departamento del Tesoro que emitiera una con condiciones revisadas.
Eso ocurrió más o menos cuando Maduro liberó a diez prisioneros estadounidenses a cambio de los más de 250 venezolanos que la Administración Trump había enviado a la CECOT, la prisión salvadoreña.
Trump se había dejado convencer por el argumento de Wirth de que Chevron era un baluarte contra China.
Pero entre bastidores, Trump marcó el rumbo hacia la confrontación. El 25 de julio firmó una orden secreta en la que ordenaba al Pentágono tomar medidas contra los grupos de narcotraficantes, poniendo en marcha la persecución de los venezolanos.
El verano del secreto
Esa directiva secreta de Trump se mantuvo en secreto hasta que The New York Times informó de su existencia a principios de agosto.
La orden, de dos páginas, contenía una propuesta escrita, hasta entonces desconocida, para atacar embarcaciones. En ella se ordenaba a Hegseth que atacara en aguas internacionales a los barcos que transportaran drogas para cualquiera de los 24 grupos «narcoterroristas» latinoamericanos. La lista adjunta incluía a algunos de Venezuela.
En administraciones anteriores, muchos abogados militares y expertos operativos del Pentágono habrían sido invitados a reuniones para discutir la directiva. El Consejo de Seguridad Nacional habría convocado debates entre las agencias. Nada de eso ocurrió.
Más adelante, un funcionario nombrado por Trump con poca experiencia en materia de seguridad nacional redactó un memorándum del Departamento de Justicia en el que se afirmaba que los ataques con barcos serían legales en virtud de los poderes de guerra de Trump.
La aprobación legal ya estaba lista a finales de julio, cuando el Senado confirmó a los dos principales abogados responsables de revisar dicha operación, T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del departamento, y Earl G. Matthews, consejero general del Pentágono. Básicamente, se les presentó un acuerdo ya cerrado.
Los funcionarios de la Oficina de Asesoría Jurídica informaron verbalmente al Gobierno estadounidense que la operación sería legal y, a continuación, finalizaron su memorándum escrito el 5 de septiembre. Cuando los abogados de otras agencias expresaron sus inquietudes, se les dijo que no había nada que debatir porque el Departamento de Justicia ya había dado su visto bueno.
En el Pentágono, un pequeño círculo de funcionarios se sumergió en la planificación operativa secreta de los ataques con barcos.
Hegseth firmó una orden ejecutiva que creó el marco operativo para los ataques. Fechada el 5 de agosto y redactada sin la participación de muchos funcionarios de carrera del Pentágono, retomaba el lenguaje de órdenes anteriores elaboradas para ataques con drones contra objetivos de Al Qaeda en lugares como las zonas rurales de Yemen.
Carecía de elementos cruciales para las operaciones marítimas, incluida cualquier mención sobre qué hacer con los supervivientes de un naufragio tras un ataque, según afirmaron las autoridades.
Durante la planificación, un asistente de Miller, Anthony Salisbury, presionó al Pentágono para que buscara formas de ampliar el alcance de las operaciones, incluyendo la flexibilización de las normas, como el nivel de confianza que los oficiales militares necesitarían para determinar que un objetivo cumple los criterios.
El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, aconsejó que el ejército estableciera criterios para seleccionar objetivos basándose en las lecciones aprendidas de las guerras posteriores al 11 de septiembre.
Hegseth dejó prácticamente fuera del proceso al almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, que supervisa las fuerzas de la región.
El almirante Holsey había comenzado a plantear dudas sobre los planes. Durante varios meses, Hegseth había sostenido que el almirante no estaba llevando a cabo la misión contra el narcotráfico con suficiente agresividad.
Holsey anunció repentinamente en octubre que dejaría su cargo antes de lo previsto, a finales de año. Sus motivos siguen sin estar claros.
El Pentágono elude proceso clave
El Pentágono también eludió un proceso denominado «Respuesta a amenazas operativas marítimas», que se utiliza para recabar opiniones de diversas agencias cuando se propone una acción marítima con implicaciones internacionales, según William D. Baumgartner, contralmirante retirado de la Guardia Costera y abogado que supervisaba las operaciones en el Caribe.
El 2 de septiembre, cuando las fuerzas estadounidenses detectaron una lancha rápida con 11 personas a bordo, Hegseth dio la orden de atacar. Trump publicó un vídeo editado en el que se veía cómo un solo ataque destrozaba la embarcación.
Frank M. Bradley, comandante de tres estrellas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, la fuerza que llevó a cabo el ataque, había ensayado en agosto situaciones en las que podría haber supervivientes. Ordenó nuevos ataques, que hundieron los restos y mataron a los supervivientes iniciales.
Pronto se produjeron otros ataques. Mientras Rubio se convirtió en el defensor público de estas operaciones, Miller se convirtió en el supervisor de la Casa Blanca: convocó reuniones periódicas con el Pentágono y otras agencias. The Guardian informó anteriormente sobre su papel.
Luego, el 16 de octubre, tras un ataque en el mar Caribe, los militares avistaron a dos supervivientes.
Esta vez, un helicóptero recogió a los hombres y los llevó a bordo del USS Iwo Jima. El Gobierno estadounidense los envió rápidamente de vuelta a sus países de origen, Colombia y Ecuador. No se les ha imputado ningún cargo en sus países.
El episodio desencadenó una secreta —y tardía— pugna en el Pentágono sobre la cuestión de los supervivientes. En llamadas separadas con el Departamento de Estado, los funcionarios del Pentágono llegaron a proponer enviarlos a la CECOT, la prisión salvadoreña, repatriarlos o trasladarlos a un tercer país.
Los abogados militares revisaron varias veces la escueta «orden de ejecución» para incluir referencias a los supervivientes, según dijeron los funcionarios. Otros funcionarios dijeron que los cambios reflejaban una planificación previa. Las revisiones establecían que el ejército debía tratar a los detenidos de acuerdo con el derecho internacional.
Sin embargo, altos funcionarios dejaron claro en conversaciones internas que la mejor opción, si se avistaban supervivientes en el agua, era pedir a un gobierno cercano que los recogiera en lugar de que lo hicieran las fuerzas estadounidenses, según un funcionario.
El Pentágono se negó a hacer comentarios, siguiendo su práctica habitual en materia de órdenes de ejecución.
A medida que continúan los ataques, Trump, Rubio y Miller han pasado a la siguiente fase de la campaña contra Maduro: bloquear petroleros para privar a Venezuela de ingresos. Afirman que Maduro debe devolver el petróleo y otros activos «robados» a Estados Unidos antes de que levanten lo que Trump ha denominado un bloqueo.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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