La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) presentó este lunes un recurso de “queja” ante la Corte Suprema para anular su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la obra pública durante su mandato.
En un documento de diez páginas, la defensa de Fernández encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó al Máximo Tribunal que “se anule el fallo recurrido y se absuelva a Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos por los cuales ha sido acusada”.
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El recurso fue presentado después de que, el pasado 21 de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible una petición de la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronismo) para que su caso fuera revisado por la Corte.
En la presentación judicial, que Fernández hizo pública en sus redes sociales, su defensa sostuvo que hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena”.
La Corte puede tomar el recurso presentado y emitir un fallo o rechazarlo y no analizar la cuestión de fondo, algo que obligaría a la expresidenta a recurrir a organismos internacionales.
En caso de que el máximo tribunal ratifique la condena, Fernández podría cumplir su pena de forma domiciliaria, ya que la ley argentina concede ese beneficio a personas mayores de 70 años.
En el escrito, la defensa de Fernández afirmó que existió una “decisión deliberada de privar a Cristina Kirchner de las garantías de las que debe gozar cualquier persona cuando enfrenta un juicio penal y de dictarle una condena que, entre otras cosas, determine su exclusión definitiva de la vida política”.
“Se ha aplicado en el caso una especie de poder de excepción, en el cual la lógica de la definición entre lo lícito y lo ilícito fue dejada de lado por una potestad decisoria que abandona los principios básicos de la función judicial: aplicar de manera imparcial la ley al caso, en base a las pruebas recogidas en un juicio sustanciado conforme a derecho”, remarcó la defensa.
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Recusación de un juez del Supremo
Además del recurso de queja, la defensa de Fernández presentó un segundo escrito para recusar al juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, designado por decreto del presidente Javier Milei, ya que su intervención en la causa vulneraría la independencia del proceso.
En su cuenta de X, Fernández acusó a Milei de dar órdenes al Poder Judicial para que condenen a la expresidenta, a raíz de sus últimas apariciones en reportajes periodísticos, donde el actual jefe de Estado aseguró que “va a ir presa”.
“No lo dijo solo en una oportunidad… Lo repitió varias veces con certeza absoluta y en forma agresiva… casi como dando una orden”, afirmó la líder del PJ.
“Esto, además de importar una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales (algo expresamente vedado en el art. 109 de la Constitución Nacional), repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por exclusiva voluntad de Javier Milei, quien reclama la condena a prisión de mi persona”, agregó.
Si la Corte Suprema diera lugar a ambas quejas deberá dar intervención a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal -jefe de todos los fiscales- para que emita un dictamen.
En pleno año electoral para renovar bancas en el Congreso y con la posibilidad de que Fernández se postule como candidata por la provincia de Buenos Aires, se especula con los tiempos de la Justicia, pero la Corte no tiene plazos para expedirse en el caso.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
