Las quejas sobre fallas en el sistema de salud en Colombia aumentaron en un 75,7 %, alertó este martes la Defensoría del Pueblo, que calificó la situación de crítica, por lo que pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que tome medidas urgentes para garantizar este servicio.
«La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos. No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud», advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín.
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Escasez de medicamentos en todo el país
La situación se agravó en los últimos meses por la escasez de medicamentos en todo el país, lo que a diario provoca aglomeraciones de usuarios en las farmacias autorizadas, un problema que las empresas del sector achacan al Gobierno por no girar los recursos suficientes, mientras que Petro las acusa de «acaparar» las medicinas.
Según la Defensoría, las deficiencias se concentran en cuatro aspectos: falta de oportunidad en la atención en medicina especializada, pasando de 4.262 quejas en 2022 a 9.349 en 2024, y en segundo lugar, deficiencias en el acceso a otros servicios médicos esenciales, donde los reclamos subieron de 4.607 a 7.714 en el mismo periodo.
En tercer lugar, están los retrasos en la entrega de medicamentos, cuyas quejas se duplicaron en los últimos dos años: de 2.123 en 2022 a 5.284 en 2025, y el incumplimiento de tutelas y desacatos judiciales.
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Propuestas de solución
Ante la situación, la Defensoría propone que, en el corto plazo, se establezcan puestos de mando unificados en salud, con capacidad resolutiva en las regiones priorizadas, para atender las situaciones más críticas.
También, garantizar la implementación de una decisión de la Corte Constitucional que declaró el incumplimiento general respecto de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que el sistema de salud reconoce a las empresas prestadoras de salud (EPS) por los servicios que reciben los usuarios.
Por último, se debe asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, lo que implica fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos.
«El Gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos», dijo Marín, quien agregó que las entidades privadas, como las EPS y las farmacéuticas, deben resolver con urgencia los problemas de disponibilidad de servicios y medicamentos.
Por otro lado, aseguró que la insuficiencia de recursos en dinero debe ser resuelta.
«Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible. No se puede condicionar la salud de la gente a disputas sobre financiación”, afirmó Marín.
La Defensoría también dijo que, además de las medidas urgentes, es necesario un debate amplio y estructurado sobre el futuro del sistema de salud pues la reforma propuesta por el Gobierno ha generado tensiones y un prolongado debate en el Congreso, afectando la estabilidad del sistema.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el pasado 6 de marzo el polémico proyecto de ley de reforma a la salud del Gobierno, iniciativa que se había hundido el año pasado en el Congreso y que ahora pasa a discusión en la Comisión Séptima del Senado, la misma célula que hundió la reforma laboral.
«Esta crisis debe ser una oportunidad para corregir estos problemas y fortalecer el sistema», concluyó Marín.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
