Carolina del Sur quiere reiniciar las ejecuciones de presos con pelotón de fusilamiento, silla eléctrica e inyección letal.
Ejecuciones con silla eléctrica y pelotón de fusilamiento
Lo que está en juego son las sentencias de muerte de 33 reclusos que se encuentran en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. Si bien no ha habido una moratoria formal, el estado no ha realizado una ejecución en casi trece años después de que los fármacos que usaba para la inyección letal vencieran y las empresas se negaran a vender más a los funcionarios penitenciarios a menos que pudieran ocultar su identidad al público.
Ahora se prevé que los abogados de cuatro condenados a muerte que se han quedado sin apelaciones argumentarán ante la Corte Suprema de Carolina del Sur que la vieja silla eléctrica del estado y el nuevo pelotón de fusilamiento son castigos crueles e inusuales.
Los abogados de los reclusos también planean argumentar este jueves que una ley de 2023 destinada a permitir que vuelvan a utilizarse las inyecciones letales mantiene en secreto demasiados detalles sobre el nuevo medicamento y el protocolo aplicado para matar a los presos.
Carolina del Sur afirma que los tres métodos se ajustan a los protocolos existentes. «Los tribunales nunca han sostenido que la muerte tiene que ser instantánea o indolora», escribió Grayson Lambert, abogado de la oficina del gobernador Henry McMaster.
Si los magistrados de la Suprema Corte permiten que se reanuden las ejecuciones y cualquier nueva apelación fracasa, la cámara de ejecución de Carolina del Sur, sin uso desde mayo de 2011, de repente podría estar bastante activa.
Cuatro internos han presentado demandas
Cuatro internos han presentado demandas, pero otros cuatro se han quedado sin recursos, aunque dos de ellos tendrán una audiencia de competencia antes de poder ser ejecutados, según Justice 360, agrupación que se define como defensora de los reclusos, la equidad y la transparencia en casos de pena de muerte y otras causas penales importantes.
El estado pidió a la Corte Suprema que desestimara el fallo de un tribunal inferior después de un juicio de 2022 en el que se dictaminó que la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento son castigos crueles e inusuales. Los jueces de la Corte agregaron a la apelación y a los argumentos del martes algunas preguntas sobre la ley de protección de identidad del año pasado.
La jueza de circuito Jocelyn Newman estuvo del lado de los reclusos cuyos peritos declararon que los prisioneros sentirían un dolor terrible si su cuerpo se «cocinaba» con 2.000 voltios de electricidad en la silla eléctrica, construida en 1912, o si su corazón se detuviera por las balas del pelotón de fusilamiento aún no utilizado, suponiendo que los tres tiradores dieran en el blanco.
La actual ley de ejecución de Carolina del Sur exige que los reclusos sean enviados a la silla eléctrica a menos que elijan un método distinto.
Los legisladores permitieron que se agregara un pelotón de fusilamiento en 2021. En Carolina del Sur no se ha propuesto ninguna ley para agregar gas nitrógeno, que se utilizó por primera vez para ejecutar a un preso el mes pasado en Alabama.
Respecto de la ley de protección de identidad, los abogados de los reclusos argumentan que la ley de Carolina del Sur es más secreta que la de cualquier otro estado. Dijeron que no se debería permitir que los funcionarios penitenciarios oculten la identidad de las compañías farmacéuticas, los nombres de cualquiera que colabore en una ejecución y el procedimiento preciso aplicado.
Muerte con pentobarbital
En septiembre, los funcionarios penitenciarios anunciaron que ahora contaban con el sedante pentobarbital y cambiaron el método de ejecución por inyección letal de tres drogas a sólo una. Publicaron pocos detalles más aparte de decir que el método de Carolina del Sur es similar al protocolo seguido por el gobierno federal y otros seis estados.
Los reclusos argumentan que el pentobarbital, compuesto y mezclado, tiene una vida útil de unos 45 días. Quieren saber si existe un proveedor habitual del medicamento y qué pautas existen para garantizar que la potencia es la adecuada.
Si es demasiado débil, los reclusos pueden sufrir y no morir. Si es demasiado fuerte, las moléculas del fármaco pueden formar pequeños grumos que causarían un dolor intenso al ser inyectados, según documentos judiciales.
“Ningún recluso en el país ha sido ajusticiado con tan poca transparencia sobre cómo sería ejecutado”, escribió Lindsey Vann, abogada de Justice 360.
Los abogados del estado dijeron que los reclusos quieren la información para poder descubrir quién provee las drogas y presionarlo públicamente para que deje de hacerlo.
“Cada nueva información es una pieza de rompecabezas y, con suficientes piezas, los interesados (o cualquier otra persona) pueden juntarlas para identificar a un individuo o una entidad protegida por la ley de protección de la identidad”, escribió Lambert.
Carolina del Sur solía efectuar un promedio de tres ejecuciones por año y tenía más de 60 presos condenados a muerte cuando se llevó a cabo la última ejecución en 2011. Desde entonces, las apelaciones exitosas y las muertes han reducido el número a 33.
Los fiscales sólo han enviado a tres nuevos presos al corredor de la muerte en los últimos trece años. Ante el aumento de los costos, la falta de drogas inyectables letales y defensas más enérgicas, están optando por aceptar declaraciones de culpabilidad y cadena perpetua sin libertad condicional.
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Prensa LOV/CCGuerra
