EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la emisión de dos nuevas autorizaciones clave que permiten retomar negociaciones comerciales y operaciones financieras con el Gobierno de Venezuela y sus instituciones.
Licencia General 56: Esta autorización permite la negociación de contratos contingentes con el Ejecutivo venezolano. Esto significa que empresas y entidades podrán establecer acuerdos comerciales cuya ejecución efectiva quede sujeta al cumplimiento de condiciones futuras específicas.
Licencia General 57: Este permiso reactiva la capacidad de realizar transacciones de servicios financieros que involucren a determinados bancos venezolanos y funcionarios gubernamentales, facilitando el flujo de recursos para fines autorizados que anteriormente estaban bloqueados.
Esta licencia permite la prestación, exportación y reexportación de servicios financieros hacia y desde instituciones clave. Esta apertura beneficia directamente a:
- El Banco Central de Venezuela (BCV).
- Banco de Venezuela, S.A. (Banco Universal).
- Banco Digital de los Trabajadores.
- Banco del Tesoro, C.A.
- Cualquier entidad donde estas instituciones posean una participación igual o superior al 50%.
La autorización abarca todas aquellas operaciones calificadas como «habituales y necesarias» para el funcionamiento de estos servicios, lo que en la práctica facilita la operatividad de estas entidades en el circuito financiero internacional, del cual habían sido mayoritariamente excluidas.
De manera paralela, la Ofac presentó su informe trimestral de actividades correspondiente al último trimestre de 2025. El documento detalla la gestión de licencias bajo la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales.
Este informe destaca el procesamiento de permisos especiales para la exportación de bienes esenciales —como productos agrícolas, medicinas y dispositivos médicos— hacia países bajo regímenes de sanciones, como Irán. Este mecanismo busca garantizar que las sanciones económicas no impidan el acceso de las poblaciones civiles a suministros humanitarios básicos.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
