El Gobierno de Donald Trump va a revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS), una medida de protección contra deportaciones, para unos 300.000 venezolanos que están en Estados Unidos, según informó este domingo The New York Times (NYT).
El NYT, que cita una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún no se ha hecho pública, indica que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos en un plazo de 60 días después de que el Gobierno publique el documento.
Ya es un hecho que no habrá una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en 2023 y que permanecen en Estados Unidos de manera legal.
Documentos del Gobierno a los que ha tenido acceso The New York Times confirman que Kristi Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, “ha determinado que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para la designación de 2023″. Es un mazazo para miles de venezolanos como Jackson Villamarín, que tiene su permiso de trabajo hasta octubre, pero que pronto pasará a vivir con el miedo de ser un emigrante ilegal.
“Esto nos afecta a miles que venimos expulsados de nuestros país por la dictadura, la represión, la política llena de corruptos”, dice el venezolano, al que le amputaron dos dedos de la mano por hacerle frente al Gobierno chavista cuando trabajaba en 2016 en la empresa sindicalista Algodoneros del Orinoco. Ahora ha vuelto a sentir el peso del terror, pero de manera distinta.
- “Yo vivo nervioso por esas redadas”, asegura, en referencia a la cacería que han emprendido los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Mucha gente no quiere salir de sus casas a trabajar por temor a las autoridades de migración”.
Una vez el Gobierno haga el anuncio oficial, los venezolanos perderán en 60 días los beneficios que les garantiza el TPS otorgado en 2023.
Por ahora es una medida que no aplica a los beneficiados en 2021, un grupo de más de 250.000 venezolanos que también podría verse afectado en el futuro, en medio de la misión republicana de expulsar del país a millones de emigrantes.
La decisión de la alta funcionaria llega, según los documentos obtenidos, “después de revisar las condiciones del país y considerar si permitir a los ciudadanos venezolanos cubiertos por la designación de 2023 es contrario al interés nacional de Estados Unidos, en consulta con las agencias apropiadas del Gobierno de Estados Unidos”.
Es algo que no se explica el abogado de emigración Willy Allen, quien asegura que cuando el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tomó la decisión hace unas semanas de extender por otros 18 meses el TPS, lo justificó teniendo en cuenta “las elecciones fraudulentas de Venezuela, los problemas internos y la falta de protección para los venezolanos en su país”.
“La nueva directora ahora está diciendo que no hay razones para continuarlo, y que estas personas han estado aquí más tiempo de lo que tienen que estar, y por tanto deben regresar ahora. En realidad esta nueva administración está diciendo que las condiciones de Venezuela son normales, que pueden ser deportados. Es lo más duro que he escuchado”, insiste el abogado.
El anuncio llega solo unos días después de que a Nicolás Maduro se le viera en una foto en el palacio de Miraflores, en Caracas, estrechando la mano del funcionario Richard Grenell, enviado por la administración de Donald Trump para dialogar con el venezolano y traer de vuelta a seis estadounidenses detenidos en el país sudamericano en los últimos meses.
Trump anunció poco después que Venezuela, que hasta ahora no recibía vuelos de deportaciones, estaba de acuerdo en aceptar a “todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en los Estados Unidos”, entre ellos los miembros del grupo del Tren de Aragua.
Aunque Trump ha descartado que las conversaciones en Miraflores y la aceptación de deportados se trate de un posible entendimiento entre ambos, o de un reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos al Gobierno de Maduro, muchos venezolanos critican el giro del republicano, que prometió sostener una política de “máxima presión” contra Maduro.
Aún así, Trump se ha reafirmado como “un gran opositor de Venezuela y Maduro”. “Queremos hacer algo con Venezuela. No nos han tratado muy bien, pero lo que es más importante, han tratado al pueblo venezolano muy mal”, dijo el viernes.
Con la eliminación del TPS, Trump podría finalmente cumplir el propósito que tuvo desde su primer mandato, cuando intentó acabar con el programa que ha brindado protección a más de un millón de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Líbano, Haití y Venezuela.
No obstante, la propuesta entonces fue rechazada en los tribunales. Algunos tienen la esperanza de que, con una demanda, esta última decisión también pueda revertirse.
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Prensa LOV/CCGuerra
