Un informe muestra que los abogados militares emiten órdenes de deportación en un 78% de los casos que juzgan, frente al 63% de los jueces de inmigración.
La reforma de los tribunales de inmigración ha sido una de las medidas emprendidas por la Administración de Donald Trump para aligerar las deportaciones, que no se producen al ritmo deseado del presidente.
Además de instruir a los jueces que cerraran casos de asilo sin la necesidad de un juicio, ha querido suplantar a los jueces que le parecían demasiado favorables para los migrantes por abogados militares.
El republicano ha despedido en los últimos meses a unos 140 jueces de inmigración y, a cambio, ha contratado a 36 abogados militares para hacer su trabajo. La iniciativa ya le ha dado frutos. Los jueces militares deportan con mayor rapidez que los tradicionales jueces de inmigración.
Así lo demuestra un informe realizado por Mobile Pathways, una organización sin fines de lucro con base en California, en el que se analizan los casos resueltos en noviembre, el primer mes en que los jueces militares estuvieron activos.
En ese periodo, los jueces de migración emitieron órdenes de deportación para el 63% de los casos juzgados; por su parte, los militares ordenaron la expulsión del 78% de los migrantes cuyos casos instruyeron.
Los jueces militares examinaron 286 casos y dictaron sentencia en 110, de los que 86 migrantes fueron expulsados y 14 se autodeportaron; 176 casos están aún en curso.
“Los militares son muy buenos para seguir las reglas. Y parece que la orden que se les ha dado es que los saquen de aquí”, afirma Bartolomiej Skorupa, cofundador de Mobile Pathways. “Son más estrictos y aplican las normas con mayor rigor”, explica. En 9 de cada 10 casos, los migrantes cuyos casos fueron instruidos por jueces militares acabaron deportados o autodeportados.
El 24 de octubre, el Departamento de Justicia anunció la contratación de 11 jueces de inmigración permanentes y 25 temporales.
La mayoría carece de experiencia migratoria y los que la tienen la han adquirido como fiscales o han trabajado para la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), las agencias que están a cargo de las detenciones y deportaciones. Entre los temporales se encuentran abogados militares de la Infantería de Marina, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.
Uno de ellos ya ha sido retirado del cargo. Se trata de Christopher Day, un teniente coronel del Cuerpo de Abogados Militares de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. Day cerró 11 casos y solo emitió una orden de deportación. “Desde la perspectiva de los migrantes actuó como un héroe”, apunta Skorupa. La interpretación que hacen expertos es que sus sentencias favorables a los migrantes pueden haberle propiciado el cese.
La sustitución de jueces de inmigración por abogados militares que no tienen experiencia en este ámbito ha causado mucha polémica entre las organizaciones de defensa de los migrantes.
“Una medida sin precedentes que ha suscitado preocupación sobre la equidad y el debido proceso, dadas las enormes diferencias entre el derecho militar estadounidense y el derecho de inmigración”, recoge un informe del Instituto de Política Migratoria.
Los nuevos fichajes sustituían a parte de los jueces que Trump ha despedido sin una justificación y que tenían en común haber trabajado con anterioridad en la defensa de migrantes. Docenas de jueces de inmigración han sido destituidos con un simple mensaje de correo electrónico, sin ninguna explicación, incluso cuando estaban en medio de alguna audiencia que han tenido que suspender para abandonar el tribunal de forma inmediata. Los despidos añadieron más atrasos a un sistema que ya estaba colapsado, con más de tres millones de casos pendientes y solo 800 jueces para examinarlos.
El reemplazo de los jueces de inmigración por militares se gestó a principios del verano pasado, cuando el Pentágono autorizó a unos 600 abogados militares a trabajar para el Departamento de Justicia y modificó los requisitos para ser juez de inmigración temporal, eliminando la necesidad de tener experiencia previa en derecho migratorio. El análisis de Mobile Pathways es el primer indicio de algunos de los efectos de ese reclutamiento.
Senadores y representantes demócratas han expresado su preocupación sobre si el uso de militares para esa labor podría violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas realizar funciones de aplicación de la ley en el ámbito civil.
Se buscan “jueces de deportación”
La escasez de jueces de inmigración ha llevado al Departamento de Justicia a anunciar una oferta de empleo, que está activa desde el mes pasado en su página web. El título que se obtiene, no obstante, no deja dudas de las intenciones. No son jueces de inmigración lo que se solicitan, sino “jueces de deportación” para 70 destinos en el país.
Los contratados por primera vez como empleados federales para la ciudad de Nueva York y varias ciudades de los Estados de California y Massachusetts tendrán una bonificación del 25%. El salario ofrecido es de entre 159.951 y 207.500 dólares. La oferta de empleo informa de que el contratado deberá “tomar decisiones con consecuencias generacionales; garantizar que solo se permita permanecer en el país a los extranjeros con solicitudes legalmente justificadas”.
El relevo de jueces es solo uno de los cambios que la Administración Trump ha introducido en los tribunales para colaborar con su cruzada antiinmigración.
En la corte, los jueces han recibido instrucciones de responder a la acumulación de solicitudes de asilo denegando algunas sin celebrar una audiencia, lo que ha causado la presentación de demandas por la falta de un debido proceso en las deportaciones. En abril de 2025, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración emitió un memorando de política que instruía a los jueces de inmigración a “desestimar”, o denegar, las solicitudes de asilo consideradas “legalmente insuficientes” sin una audiencia, aunque sin especificar el significado de insuficientes.
Además, el Gobierno canceló la representación legal a menores y trasladó a detenidos a lugares remotos, incluso a prisiones fuera de la jurisdicción estadounidense, moldeando el sistema judicial de inmigración a su antojo.
Desvío del presupuesto de Defensa
El plan del Gobierno de contratar abogados militares como jueces es parte de las medidas que se incluyen en un informe presentado por 10 senadores y tres representantes demócratas en el que se denuncia el desvío de al menos 2.000 millones de dólares del presupuesto militar para la aplicación de las leyes de inmigración. El informe critica la priorización de iniciativas fronterizas de línea dura y maniobras políticas a expensas de la capacidad del Ejército para proteger a la nación y responder a las emergencias.
“Es un insulto a nuestros militares que Pete Hegseth (secretario de Defensa) y Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) estén utilizando el presupuesto de Defensa como un fondo discrecional para maniobras políticas. Recortar los recursos militares para promover una agenda política derrochadora no fortalece a nuestras fuerzas armadas ni aumenta la seguridad de los estadounidenses”, ha declarado la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, una de los legisladores que firman el informe.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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