Jeanine Áñez derechista de 54 años, recluida en La Paz desde hace meses y en huelga de hambre desde el pasado miércoles, será juzgada junto a ocho exmilitares.
El comienzo del proceso, que será virtual, está previsto para las 09h00 local (13H00 GMT).
Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos.
«Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo… con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión», aseveró este martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como «presa política».
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una «pre-sentencia», pues califica a la expresidenta como «de facto» e «inconstitucional».
Además, solicitó un juicio presencial y exigió la presencia de los testigos de los demandantes durante las audiencias, luego de que la Fiscalía anunciara que presentaría los testimonios por escrito.
Ello impediría que tanto los jueces como los abogados defensores les hagan preguntas.
Este martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles «abusos de poder» en su contra.
Dos procesos
La otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según Guillén, «se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho», algo que viola un principio general del derecho.
Además, destacó que «no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional».
Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los demandantes -el Gobierno, la Fiscalía y el Congreso- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
La exmandataria fue asimismo señalada por «genocidio», que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
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Con información de FRANCE 24
PRENSA LOV
Carmen Cecilia Guerra/14.136
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