Un informe entregado por las autoridades salvadoreñas a la oficina de derechos humanos de la ONU niega tener control sobre los 252 migrantes venezolanos y unos 50 de otras nacionalidades, trasladados de manera irregular por Estados Unidos (EE. UU.) a la megaprisión de Nayib Bukele.
El Gobierno de El Salvador reconoció ante investigadores de la Organización de las Naciones Unidas que el Gobierno de Trump mantiene el control sobre los hombres venezolanos deportados de EE.UU. a la megaprisión salvadoreña, contradiciendo declaraciones públicas de funcionarios de ambos países.
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La revelación aparece en documentos judiciales presentados el lunes por abogados de más de 100 migrantes que buscan impugnar sus deportaciones al megapenal de El Salvador conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El caso es uno de varios que desafían la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump.
Alguien miente
Sobre la información revelada por autoridades salvadoreñas, destaca el contraste que tienen con lo declarado hasta ahora por la administración de Donald Trump. Washington argumenta que no tiene poder para devolver a los hombres, al señalar que están fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y ya no tienen acceso a derechos de debido proceso u otras garantías constitucionales de Estados Unidos.
Sin embargo, los abogados de las víctimas sostienen que «El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que languidecen en el Cecot. Sorprendentemente, el Gobierno de Estados Unidos no proporcionó esta información a nosotros ni al tribunal», comentó el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt.
La directora ejecutiva y presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, dijo que los documentos muestran “que la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”.
Tras conocerse esta nueva información, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinaron hacer comentarios. En marzo, la administración Trump acordó pagar seis millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes.
El acuerdo viciado e irregular provocó una controversia inmediata cuando el mandatario norteamericano invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar del país rápidamente a hombres que el Gobierno acusa de ser miembros de la banda del Tren de Aragua. A ninguno de los detenidos se le ha demostrado relación con el desaparecido grupo criminal.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencias
