Trump apunta a aumentar el retiro de la ciudadanía estadounidense a algunos inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump redobla los esfuerzos de su política antimigratoria e incluye a algunas personas que han adquirido la ciudadanía estadounidense. Así lo deja ver una directriz que llegó a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), filtrado por el diario ‘The New York Times’. Washington exige multiplicar el número de expedientes sobre cancelaciones de nacionalidad.

Donald Trump apunta a privar de la ciudadanía estadounidense a algunos inmigrantes naturalizados.

Según una directriz emitida a las oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés)– el pasado martes 16 de diciembre y filtrada ahora por el diario ‘The New York Times’–la Administración del líder republicano pide que “proporcionen a la Oficina de Litigios de Inmigración entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes”, en el año fiscal 2026.

Esta cuota implica una escalada drástica, ya que entre 1990 y 2017 solo hubo una media de 11 casos por año. Desde 2017 se han iniciado poco más de 120 expedientes, según datos del Departamento de Justicia.

Este 2025, el Departamento de Justicia ha ganado ocho casos de desnaturalización, de los 13 que presentó, aseguró al diario neoyorquino Chad Gilmartin, portavoz de la agencia. Aunque esta herramienta existe desde 1906, su uso ha sido excepcional y reservado.

De cumplirse la cuota mínima de Trump, pasarían a procesarse 1.200 casos al año; si se alcanza la máxima, serían 2.400 casos.

Según fuentes locales, citadas por ‘NYT’, Washington se centraría primero en aquellos que presuntamente «hayan obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense”.

¿En qué casos la ley de EE. UU. permite la desnaturalización?

La legislación federal solo permite el retiro de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados en caso de fraude en el trámite de la nacionalidad o para procesados por crímenes de guerra o terrorismo.

Sin embargo, un memorando del Departamento de Justicia de junio de 2025, amplío las circunstancias a casos de delitos financieros, fraude o casos remitidos por fiscales estadounidenses. Así, Washington otorgó un margen mucho mayor a los abogados del Estado a la hora de admitir y procesar casos de desnaturalización.

Aún más, el memorando añade que la «división civil se reserva la discreción de dar seguimiento a casos fuera de estas categorías según lo considere apropiado».

El fiscal general adjunto Brett A. Shumate, firmante de la directriz de junio, aseguró entonces que el incremento de las desnaturalizaciones era una de sus cinco prioridades principales. “La división civil priorizará y promoverá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”, señaló.

Cerca de 26 millones de inmigrantes son ciudadanos naturalizados en EE. UU., según datos de la Oficina del Censo, de los cuales 800.000 juraron ante la bandera en 2024, reportó el USCIS.

Un largo proceso

Los procesos de desnaturalización comienzan en el USCIS, que se encarga de remitir los casos al Departamento de Justicia, que a su vez debe apelar a un tribunal federal en caso de decantarse por el despojo de la ciudadanía.

No es un simple trámite burocrático, sino un litigio federal complejo que incluso puede tardar años en resolverse. El Gobierno debe seguir un riguroso camino legal, ya sea por la vía civil (la más común bajo la nueva directiva) o la vía penal.

En caso de la vía civil, la USCIS debe investigar el hecho susceptible de revocación y enviar un expediente al Departamento de Justicia (DOJ). Si el juez falla a favor del Gobierno, se emite una orden revocar el Certificado de Naturalización. La persona vuelve inmediatamente al estatus de Residente Permanente (Green Card) o, en muchos casos, queda sujeto a deportación inmediata.

Por la vía penal, el inmigrante tiene derecho a un abogado de oficio. Si es declarado culpable en el juicio, la desnaturalización es automática e inmediata como parte de la sentencia.

Inmigrantes bajo el foco

La medida para aumentar las anulaciones de nacionalidad se enmarcan dentro de un conjunto de reformas a la política migratoria de la Casa Blanca, ejecutadas por Trump desde su regreso al poder en enero de 2025.

Uno de los primeros anuncios del magnate de los bienes raíces convertido dos veces en mandatario fue la suspensión de solicitudes de asilo en la frontera con México, a donde llegaban, incluso en caravana, migrantes de todas partes del mundo para conquistar, a pie, el llamado «sueño americano».

La Casa Blanca empujó a la ilegalidad o el retorno a casi un millón de latinoamericanos que fueron despojados de su Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida afectó a 600.000 venezolanos, y más de 300.000 hondureños y nicaragüenses. Unos 350,000 haitianos también perderán esta condición, a partir de febrero de 2026

Entre medias, las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) se han multiplicado, incluso en las ciudades santuario donde los extranjeros han sido históricamente protegidos.

En otro intento por reducir la presencia de foráneos en EE. UU., el republicano prohibió la entrada de migrantes por nacionalidades, principalmente de países africanos y de Asia occidental.

«Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo», afirmó el presidente en la noche del 27 de noviembre.