Los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador permanecen «totalmente aislados», afirmaron este jueves familiares y activistas de derechos humanos luego de una visita al país centroamericano la semana pasada.
Desde el 15 de marzo, más de 200 migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador luego de que el presidente estadounidense Donald Trump invocara la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798 (Alien Enemies Act) utilizada en tiempos de guerra, bajo el argumento que los detenidos integraban la banda criminal Tren de Aragua.
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«Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados e incomunicados», dijo Walter Márquez, al frente de la Fundación El Amparo que representa a 10 de estos migrantes.
Permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) «sin ningún juicio en El Salvador donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal», remarcó Márquez, al ofrecer un balance sobre el viaje a El Salvador.
Márquez indicó que no han obtenido respuesta a los recursos de habeas corpus solicitados en ese país y que estudian «recurrir a la Corte Penal Internacional porque en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad».
Además, denunció «deportación forzosa, persecución por razones nacionales, tratos inhumanos y tortura».
Reina Cardenas, quien acompañó a Márquez para representar a familiares de los migrantes, señaló que fue «imposible» verlos y conocer su estado de salud. «Solo logramos introducir una carta».
Gabriela Mora, también viajó a El Salvador con la esperanza de de tener noticias de su esposo, Carlos Uzcátegui, quien tenía una orden de deportación a Venezuela con fecha de 26 de febrero.
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«Están injustamente secuestrados, prácticamente porque no se le puede llamar detención a algo donde no podemos tener comunicación, desde marzo no sabemos de ellos», lamentó.
En un fallo del 16 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos impidió a Trump reanudar la expulsión de venezolanos bajo la ley de 1798, al considerar que a un grupo recluido no se le ha dado suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
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Bukele ofreció en abril al presidente venezolano Nicolás Maduro canjear a los 252 migrantes por «presos políticos» venezolanos, pero la propuesta fue calificada de «cínica» por la fiscalía de Venezuela, que demanda la liberación incondicional de los deportados.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
