Venezuela realizó una sesión informativa ante la ONU-Viena (Austria), jurisdicción donde funciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), para explicar las amenazas a la paz y seguridad nacional por el despliegue militar de Estados Unidos (EE. UU.) en el mar Caribe, así como sus implicaciones sobre el sistema internacional de control de drogas.
Los diplomáticos venezolanos detallaron el riesgo que representa la amenaza estadounidense para el sistema internacional de fiscalización de drogas, el cual crea un “delicado precedente”, porque la declaratoria de guerra no es únicamente contra Venezuela, ya que nada evita que posteriormente sea agredido otro país, presuntamente “descertificado” o no unilateralmente, si se considera que no colabora con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, se denunció que “aceptar eso como un status quo significa el derrumbe de la ONUDD y del mandato del ordenamiento jurídico internacional que los Estados Partes han decidido desde 1961 para enfrentar el problema mundial de las drogas, delitos conexos y la aplicación de la justicia penal contra la delincuencia organizada”.
Participaron representantes permanentes de Rusia, Irán, Nicaragua y Cuba, además de delegados de China, Brasil, Belarús, Türkiye, Colombia, Portugal, México, Suiza, República Popular Democrática de Corea, Filipinas, Serbia, Guatemala, Argelia, Países Bajos, Unión Europea, Bolivia, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita e Indonesia.
Evolución de crímenes de EE. UU.
La delegación expuso la evolución de la agresión multiforme estadounidense hacia Venezuela, desde que el país fue declarado por Barack Obama como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de EE. UU.” en marzo de 2015, hasta la desertificación unilateral estadounidense respecto a Venezuela y otras 22 naciones (septiembre, 2025), por considerarlas como “principales países de tránsito o de producción de drogas, responsables de ocasionar en EE. UU. fallecimientos por sobredosis”.
Se informó sobre la escalada militar en el mar Caribe y el alcance de la presunta “opinión legal clasificada” dictada por el Gobierno de Washington, para justificar “ataques letales contra una lista secreta y amplia de carteles y presuntos traficantes de drogas”, con miras a autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero. Esta pretensión otorga al presidente norteamericano el poder de designar a los narcotraficantes como “combatientes enemigos extranjeros” y “permitir que sean ejecutados sumariamente sin justificación legal”.
También se mostró un video compilatorio sobre bombardeos ordenados por las fuerzas militares de EE. UU. contra cuatro pequeñas embarcaciones en el Caribe, presuntamente dedicadas al tráfico ilícito de drogas, en el que se asesinaron, según confesión del propio Gobierno estadounidense, a por lo menos 21 civiles desarmados.
Ejecuciones extrajudiciales
La delegación venezolana detalló cómo estos hechos, contrarios al derecho internacional y los mandatos de las convenciones destinadas a enfrentar el problema mundial contra las drogas, determinaron que expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, activaran la figura de “Procedimientos Especiales”, en razón de lo que calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”.
La violación de la legalidad internacional ha sido tal, que el propio Congreso estadounidense ha presentado mociones para denunciar el incumplimiento constitucional del Ejecutivo de EE. UU. y lo que han catalogado como “matar sumariamente a personas sospechosas de actividad criminal”.
Ante el peligro inminente de que se ejecute un ataque militar contra Venezuela, la delegación nacional expuso la denuncia elevada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al exhortar a esa instancia multilateral a que adopte medidas necesarias para evitar que se agrave aún más la situación, además de proponer, entre otras acciones concretas, que se apruebe una resolución en la que los miembros del Consejo de Seguridad, incluido EE. UU., se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela.
“Responsabilidad común y compartida”
La delegación venezolana concluyó la sesión informativa con un llamado a los presentes para que reflexionen sobre el difícil momento que vive la ONUDD, no solo por sus necesidades presupuestarias, mientras se gastan cuantiosos recursos en la militarización del mar Caribe, sino por el silencio y la inercia con la cual han respondido ante la coyuntura actual.
Las delegaciones de Cuba, República Popular Democrática de Corea, Rusia, China, Irán y Belarús coincidieron en la necesidad de respetar el principio de “responsabilidad común y compartida” para enfrentar el flagelo del narcotráfico, a través de la cooperación internacional y los procedimientos establecidos en las convenciones vigentes en la materia, no con respuestas militares y agresiones, al tiempo de hacer un llamado a la ONUDD para que cumpla con el mandato que los Estados Partes le han conferido.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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