El opositor Enrique Márquez exigió que el debate para aprobar el presupuesto nacional para el ejercicio 2027 se haga de manera abierta en el país y que se publique el proyecto entregado al Parlamento hace dos semanas, con su respectivo estudio de impacto económico.
En nota de prensa, Márquez indicó que el presupuesto nacional no puede considerarse como un mero trámite administrativo ni contable.
«Por el contrario, representa el pilar institucional indispensable para viabilizar una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática e institucional», añadió.
El exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el presupuesto debe cumplir con tres funciones macroeconómicas claves como eje de gobernabilidad y legalidad financiera; servir de ancla antiinflacionaria mediante la estricta coordinación fiscal y monetaria para erradicar el financiamiento monetario del déficit; y propiciar la reactivación productiva a través de la inversión en infraestructura crítica.
El pasado 14 de octubre, el Gobierno venezolano entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año.
Visión oficial: tres ejes fundamentales
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que el proyecto de presupuesto de 2027 está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído en medio de la inflación.
Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Parlamento divulgaron el contenido de la propuesta presupuestaria.
El pasado 16 de octubre, Transparencia Venezuela exigió al Ejecutivo que publique el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.
Transparencia indicó entonces que desde hace una década los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal.
La experiencia de años anteriores apunta, prosiguió, a que una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Banca y Negocios
