Un nuevo capítulo de controversia golpea a la oposición venezolana. Según una investigación efectuada por el economista Francisco Rodríguez (PhD, Harvard), el llamado “Gobierno Interino” y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 habrían desviado más de 320 millones de dólares de cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV), protegidas en la Reserva Federal de Nueva York desde 2019.
El reporte se basa en documentos internos del llamado “BCV Ad Hoc”, instancia creada para administrar los recursos estatales que quedaron bajo control de la oposición tras el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó en 2019. La suma involucrada asciende a 322.544.350 dólares, supuestamente adjudicados en forma de préstamos al Ejecutivo interino, sin mecanismos de control conocidos.
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La denuncia indica que, a diferencia de empresas estatales como PDVSA Ad Hoc —que cuenta con ingresos propios de sus filiales internacionales pero que tampoco han rendido cuentas al país—, el “Gobierno Interino” no poseía fuentes formales de ingresos, por lo que habría financiado su funcionamiento a través de estos fondos, en una práctica posiblemente violatoria del artículo 320 de la Constitución venezolana, que prohíbe al BCV financiar al Ejecutivo.
El economista Francisco Rodríguez ha advertido que este tipo de maniobras no solo podrían constituir una ilegalidad constitucional, sino también alimentar prácticas opacas que han sido objeto de duras críticas por parte de la sociedad civil.
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Desde 2023, más de 130 organizaciones sociales y decenas de activistas han exigido que estos fondos sean utilizados para la creación de un Fondo de Protección Social, propuesto en la mesa de negociación de México, y administrado por la ONU para asegurar transparencia. Sin embargo, obstáculos legales y políticos han impedido su puesta en marcha.
A pesar de que las estructuras opositoras continúan sesionando virtualmente y controlando parte del patrimonio estatal en el extranjero, el manejo poco claro de estos recursos ha desatado un debate sobre la legitimidad de estas entidades en 2025. La opacidad, los conflictos de interés y la falta de rendición de cuentas resurgen como desafíos cruciales para quienes aspiraban a liderar una transición democrática en Venezuela.
Las reacciones públicas no se han hecho esperar.
Desde sectores de la oposición las voces críticas exigen investigaciones judiciales, mientras sectores independientes reclaman mayor vigilancia y auditoría internacional sobre los fondos de la nación, estén donde estén y los administre quien los administre.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
El Nacional
