La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra dos ex altos cargos del chavismo Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz por delitos de lesa humanidad y torturas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha pedido a la Fiscalía que emita un informe que determine si es competente para investigar la responsabilidad que la opositora Dulce Bravo achaca a la ex fiscal general Luisa Ortega y el exministro y antiguo director de la agencia de inteligencia venezolana Miguel Rodríguez Torres, ambos asilados en España.
La querella ha sido registrada por los abogados de la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), la asociación que presentó la querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabó siendo rechazada.
El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE destaca que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». El magistrado afirma que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
La querella fue interpuesta el pasado lunes por los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle en nombre de Dulce Bravo, una venezolana de 57 años refugiada en Argentina desde 2013.
Manos Limpias también se adherirá al escrito.
Una opinión que comparte el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para quien esta querella tiene «una importancia extraordinaria» porque se dirige contra dos chavistas que viven en Madrid «con la protección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska».
La Audiencia ya rechazó en octubre una querella contra Rodríguez Zapatero. En esta ocasión Miracle se muestra optimista porque el escrito incluye pruebas directas gracias al testimonio de Bravo. La opositora relata las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al gobierno que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
