Familias venezolanas piden crear una mesa de diálogo para liberar a los «presos políticos»

Familiares de los políticos, activistas y otros detenidos en Venezuela, en su mayoría en el contexto de las protestas tras los comicios de julio de 2024, pidieron este jueves al Ministerio Penitenciario la creación de una mesa de diálogo para «tomar acciones pertinentes» que permitan la liberación de sus parientes.

«Exigimos hoy poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado y nosotros, los familiares de presos políticos. Que nos escuchen», afirmó Aurora Silva, esposa del dirigente político detenido Freddy Superlano, durante una manifestación convocada por familiares de los arrestados en Caracas.

La mesa estaría representada por la ONG Comité de familiares y presos políticos (CLIPPVE), según se explica en un documento entregado hoy al Ministerio Penitenciario por los familiares, donde además se denuncian «violaciones sistemáticas a los derechos humanos» y se demandan «acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de los presos políticos».

Según Silva, los familiares denuncian «patrones que se repiten» en centros de reclusión como Helicoide -la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas- y en el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), donde -agregó la mujer- los detenidos son sometidos a «aislamiento prolongado», suspensión de visitas «como castigo» y «traslados arbitrarios».

Los familiares entregaron el documento para ratificar las denuncias suscritas en uno anterior -con fecha del 18 de octubre de 2024, donde se exponían «las condiciones graves y deshumanizantes» en centros penitenciarios, según el escrito-, que no ha sido respondido hasta la fecha, aseguró a EFE Andreína Baduel, integrante del CLIPPVE y hermana de Josnars Adolfo Baduel, arrestado en 2020.

La denuncia ante el Ministerio Penitenciario se da en el marco de la manifestación ‘Ruta por la justicia y libertad’ -organizada por familiares de los arrestados y activistas de derechos humanos-, que inició este lunes y finalizará mañana, viernes, y tiene como fin protestar ante instituciones públicas, como la Defensa Pública y la Fiscalía en Caracas.

Tras las presidenciales de julio, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, que considera que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó esta contienda y no Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo.

En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, de las cuales casi 1.900 han sido excarceladas después de una revisión de medidas ante la Justicia, según la Fiscalía, cifras que la ONG Foro Penal -que lidera la defensa de los considerados «presos políticos»- asegura no haber confirmado.

Foro Penal contabilizaba, hasta el pasado 17 de febrero, un total de 1.061 personas que considera como «presos políticos», entre los que cuenta a detenidos de antes y después de las elecciones de julio pasado, mientras que la Fiscalía y la Administración de Maduro niegan que en el país haya detenidos por razones políticas, sino que -afirman- cometieron delitos.

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