Defensoría del Pueblo de Colombia eleva a 60 los muertos por el conflicto en el Catatumbo

Unas 60 personas han muerto en los enfrentamientos de esta semana entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en seis municipios de la región colombiana del Catatumbo, en el noreste del país, que deja además miles de desplazados, informó este sábado la Defensoría del Pueblo.

«Alrededor de 60 personas han muerto de manera violenta en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Entre las personas asesinadas se encuentran 7 firmantes de paz y el líder Carmelo Guerrero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat)», señaló la Defensoría.

El balance indica que también hay «confinamientos en los mismos municipios» y que «algunas personas han sido rescatadas», mientras que otras han salido de la zona «en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales» para ponerse a salvo en otros lugares.

«Toda esta situación es devastadora. Es el sentido más básico de humanidad el que debe prevalecer. Nada justifica esto, nada. Llamamos a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral en el Catatumbo», escribió la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X.

Desplazamientos y secuestros

El informe preliminar de la Defensoría, con base en datos recogidos en «espacios de coordinación interinstitucional», agrega que «muchas personas, entre ellas firmantes de paz, líderes sociales y sus familiares, e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas debido a los señalamientos del ELN».

«Dichas personas han solicitado su rescate y se han adelantado algunos operativos exitosos para ese fin. Sin embargo, muchas de ellas siguen sin que hayan podido ser rescatadas y están huyendo y refugiándose en las montañas», indica el balance.

La guerra del ELN contra las disidencias de las FARC por el control territorial, que comenzó el pasado jueves, ha provocado un éxodo de miles de campesinos, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades del departamento de Norte de Santander al que pertenece el Catatumbo, o incluso a pasar la frontera selvática hacia Venezuela.

Los desplazados han denunciado que el ELN amenazó con tomarse algunos caseríos y matar a la gente, acusándolos de colaborar con sus rivales, algo que ya se vio en algunas partes donde los guerrilleros fueron casa por casa buscando a sus víctimas.

«A Cúcuta han llegado cientos de familias (…) a Ocaña han llegado cerca de 850 familias que se encuentran ubicadas en el coliseo; en Tibú se reporta la llegada de 2.500 personas de zonas rurales y la salida de familias de la Gabarra por vía fluvial», indicó la Defensoría.

También hay 37 familias víctimas del desplazamiento forzado en Ábrego y 68 en El Tarra, mientras que la Cancillería recibió de la embajada en Caracas la información de que «al menos 60 personas se desplazaron a la región del Zulia, en Venezuela».

Comunidades indígenas afectadas

Esta crisis humanitaria afecta también a las comunidades indígenas del Catatumbo, que habitan en su mayoría un parque nacional natural.

«La comunidad indígena Bari Irocobingkayra del pueblo Motilón Barí, en el Tarra, se desplazó integralmente al resguardo Catalaura de La Gabarra por alerta máxima y preventiva», agrega el balance parcial.

Igualmente, «la Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa de Norte de Santander (Yukpaojetaw) reporta riesgo de desplazamiento o desplazamientos en las comunidades de Yukpa Tayaya ubicada en San Pablo, Teorama (126 personas)» y lo mismo ocurre en Tibú (180 personas de las cuales cinco ya se desplazaron hacia Venezuela).

La Defensoría del Pueblo registra además el secuestro de tres firmantes de paz en Convención y Teorama, que se suman al secuestro el pasado jueves de otras 20 personas, 10 de ellas mujeres, de las cuales 17 siguen cautivas.

Todas las cifras son preliminares porque ni la Policía ni el Ejército tienen presencia permanente en las zonas rurales del Catatumbo ya que suelen ser blanco de ataques cuando se alejan de las áreas urbanas.

«Les pedimos habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población. A los grupos armados, y particularmente al ELN, les pedimos permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil», concluyó la Defensoría.

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