El Gobierno colombiano manifestó este jueves su preocupación por el incremento de la cifra de menores reclutados forzadamente por grupos armados ilegales durante el primer semestre de 2024, pues la Defensoría registró 159 casos en ese período.
«Hay un aumento de el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (…) Esto es un subregistro porque hay muchas situaciones a considerar que impiden tener realmente una información absolutamente fidedigna sobre esta grave violación a los derechos humanos», dijo la Consejera Presidencial para los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), Lourdes Castro, en una conferencia de prensa en Bogotá.
La funcionaria señaló que el contexto de las regiones puede exacerbar este delito, por ejemplo, por «el miedo de la familia, por las amenazas que muchas veces también reciben las familias y las comunidades».
«Las regiones donde hay un mayor número de reclutamiento es en aquellas donde hay disputas entre los actores armados al margen de la ley», manifestó Castro y agregó que los departamentos más afectados son Cauca y Nariño, en el suroeste del país, y que preocupa cómo crece este delito en Huila (sur), Norte de Santander (noreste) y Bolívar (norte).
Castro resaltó que «hay que poner atención y mirar la situación y las dinámicas en términos de uso y utilización por parte de los grupos armados, pero también por las bandas criminales en sus actividades».
La Defensoría manifestó que el 51 % de las víctimas de reclutamiento forzado son menores de pueblos indígenas; el 5 %, afrocolombianos, y el 13 % no pertenecen a ningún grupo étnico, mientras que del 13 % de las víctimas no hay información.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, señaló que ese organismo tiene un programa para aquellos niños que «se logran desvincular y rescatar de ese conflicto armado, del uso y de la utilización en la guerra».
«A la fecha tenemos 338 niños en nuestro programa», señaló y recalcó que en el caso de los indígenas hay un enfoque especial para el cual se trabaja con las comunidades.
En opinión de Cáceres, es necesario «volver al asombro». «No podemos ver que los usen en la venta de drogas, no podemos seguir viendo que los usen también en el marco del conflicto armado para transportar armamento», añadió.
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
