El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia, durante 60 días, en once distritos de Lima y uno en su vecina provincia de Callao, ante la ola de delitos de extorsión que atraviesa la capital y que denunciaron este jueves en un paro los transportistas.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que corresponderá a la Policía Nacional de Perú (PNP) mantener el control interno en esas zonas y las Fuerzas Armadas ejecutarán acciones de apoyo para garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, detalló que el Gobierno también remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica como «delito de terrorismo urbano» el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
En este sentido, sostuvo que las personas que enviaran a los arrestados por estos delitos penal de máxima seguridad Challapalca I, ubicado en una zona remota de los Andes, a más de 4.600 metros de altura.
«Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Challapalca I para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos delitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal», agregó.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que el estado de emergencia se dispone de forma inmediata y que el Ejecutivo continuará evaluando la situación para ampliar dicha condición a otros distritos del país.
El Ejecutivo de Boluarte también declaró la emergencia en algunos distritos de la capital en septiembre, tras la explosión de una granada en la puerta de una discoteca.
Cuando este jueves, la prensa preguntó al Gobierno qué será diferente en este estado de emergencia, Astudillo dijo que se va a requerir la participación de «todos los actores sociales» para garantizar la seguridad ciudadana.
El primer ministro y varios miembros del gabinete dieron una rueda de prensa para anunciar estas medidas tras el paro mantenido este jueves por asociaciones de conductores de transporte colectivo por la ola de extorsiones que afecta a su sector.
En las últimas semanas, al menos tres conductores han sido asesinados como consecuencia de esa ola de crimen.
«Rechazo de manera rotunda que se pueda hablar de inacción o de complicidad. Todos en el Gobierno estamos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado», dijo Adrianzén acerca de las críticas del gremio de transportes por la falta de medidas tomadas por el Ejecutivo.
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Agencia
Prensa LOV/CCGuerra
