Un juez federal bloqueó este jueves temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, calificándola de «descaradamente inconstitucional» durante la primera audiencia de un esfuerzo de varios estados para impugnar la medida.
El juez de distrito de EE. UU. John Coughenour interrumpió repetidamente a un abogado del Departamento de Justicia durante los argumentos para preguntarle cómo podía considerar constitucional la orden. Cuando el abogado, Brett Shumate, dijo que le gustaría tener la oportunidad de explicarlo en una sesión informativa completa, Coughenour le dijo que la audiencia era su oportunidad.
La orden de restricción temporal solicitada por Arizona, Illinois, Oregon y Washington fue la primera en obtener una audiencia ante un juez y se aplica a nivel nacional. El caso es una de las cinco demandas presentadas por 22 estados y varios grupos de derechos de los inmigrantes en todo el país. Las demandas incluyen testimonios personales de fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus hijos no se conviertan en ciudadanos estadounidenses.
Coughenour, designado por Ronald Reagan, comenzó la audiencia interrogando a los abogados de la Administración, diciendo que la orden le deja «atónito» y es «descaradamente inconstitucional«. El juez dijo que ha estado en el tribunal durante más de cuatro décadas y que no podía recordar haber visto otro caso en el que la acción impugnada fuera tan claramente inconstitucional. Shumate replicó que estaba respetuosamente en desacuerdo y pidió al juez una oportunidad para tener una sesión informativa completa sobre los méritos del caso, en lugar de tener una orden de restricción de 14 días que bloquee su implementación.
La orden ejecutiva afectaría a cientos de miles de personas en todo el país
En defensa de los estados, el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, calificó de «absurdo» el argumento del Gobierno de que los hijos de padres que viven en el país sin autorización no están «sujetos a la jurisdicción» de los Estados Unidos. «¿No están sujetos a las decisiones de los tribunales de inmigración?», preguntó. «¿No deben cumplir la ley mientras están aquí?«, agregó.
Polozola también dijo que la orden de restricción estaba justificada porque, entre otras razones, la orden ejecutiva comenzaría de inmediato a exigir a los estados que gastaran millones para modernizar los sistemas de atención médica y beneficios para considerar el estatus de ciudadanía del solicitante. «La orden ejecutiva afectará a cientos de miles de ciudadanos en todo el país que perderán su ciudadanía bajo esta nueva regla», dijo Polozola. «Los nacimientos no pueden detenerse mientras el tribunal considera este caso».
La entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, que firmó el día de su toma de posesión, estaba prevista para el 19 de febrero. Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo unos 255.000 nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían en el país sin autorización y unos 153.000 nacimientos de dos de esas madres, según la demanda presentada en Seattle en cuatro estados.
Estados Unidos se encuentra entre los 30 países en los que se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento (el principio de ‘jus soli’). La mayoría se encuentran en América, y Canadá y México están entre ellos. Las demandas argumentan que la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a las personas nacidas y naturalizadas en Estados Unidos, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.
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Prensa LOV/CCGuerra
