Una jueza federal estadounidense ordenó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump repatriar a un migrante deportado por error en marzo a una prisión de El Salvador.
El salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido hasta que fue trasladado a El Salvador junto con cientos de presuntos pandilleros el 15 de marzo.
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En 2019, durante el primer mandato de Trump, se le acusó de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.
La Casa Blanca reconoció esta semana que su expulsión fue un «error administrativo» pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.
Fue detenido «sin base legal» el 12 de marzo y expulsado tres días después sin «justificación legal», afirmó la magistrada Paula Xinis en una vista judicial de emergencia celebrada este viernes.
Como consecuencia ordena a la administración «facilitar y llevar a cabo el retorno» del salvadoreño «a más tardar el lunes 7 de abril» antes de la medianoche porque tiene derecho a un «debido proceso de conformidad con la Constitución y los estatutos de inmigración que rigen» en Estados Unidos.
– «Daño irreparable» –
En opinión de la jueza «su permanencia en El Salvador, por razones obvias, constituye un daño irreparable».
El migrante está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, convertido en un gran aliado de Trump.
Ábrego García está casado con la estadounidense Jennifer Vasquez Sura, que según la prensa identificó a su marido por una foto entre los detenidos trasladados al Cecot. Según documentos judiciales tienen un hijo con «discapacidad».
Antes del auto judicial del viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el salvadoreño «no regresará» a Estados Unidos.
«Sugerimos que la jueza se ponga en contacto con el presidente @nayibbukele, ya que desconocemos si la jueza tiene jurisdicción o autoridad sobre El Salvador», reaccionó un portavoz de la Casa Blanca este viernes en la red social X.
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El caso levantó ampollas entre los grupos de defensa de los derechos humanos.
Las oenegés y la oposición demócrata critican duramente al gobierno por haber enviado a migrantes en situación irregular a El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798 o basándose en elementos triviales como los tatuajes.
Los abogados de varios de los más de 200 migrantes deportados a El Salvador el 15 de marzo aseguran que sus clientes no son miembros de pandillas ni han cometido delitos.
El caso del salvadoreño abre un nuevo frente en la pugna entre los jueces y Trump, quien acusa al poder judicial de obstaculizar su política migratoria.
El 15 de marzo el juez de distrito James Boasberg ordenó parar los vuelos de deportación en virtud de la ley de 1798 y pidió que dos aviones que se dirigían a El Salvador dieran media vuelta. No lo hicieron.
Por eso ve indicios de que la administración pudo haber actuado de «mala fe» quebrantado una orden judicial y puede ser culpable de desacato.
El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la ley del siglo XVIII, hasta ahora aplicada solo durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Un asesor muy cercano de Trump, Stephen Miller, ha arremetido esta semana contra el juez.
«Recordatorio amistoso: Si invadiste ilegalmente nuestro país, el único ‘proceso’ al que tienes derecho es a la deportación», sostuvo el martes en las redes sociales.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
