A Roberto Mosquera un juez ordenó su deportación después de que su primera condena anulara su permiso de residencia, pero permaneció en EEUU porque Cuba no acepta a los deportados.
La familia del cubano Roberto Mosquera no tuvo noticias de su paradero desde que fue arrestado por agentes migratorios en Estados Unidos, hasta que una publicación en redes sociales del gobierno de Donald Trump reveló que fue deportado al remoto reino africano de Esuatini.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al hombre de 58 años en un control el 13 de junio en Miramar, en Florida, afirma Ada, una amiga cercana de la familia que habló bajo un pseudónimo por miedo a represalias.
Las autoridades le dijeron a la familia que Mosquera había sido deportado a su natal Cuba, que dejó cuando tenía 13 años.
Pero el 16 de julio, Ada reconoció a su amigo de toda la vida en una fotografía publicada en X por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, quien anunció que Mosquera y otros cuatro detenidos fueron trasladados a Esuatini.
Ada nunca había oído hablar de ese minúsculo país del África austral sin salida al mar, enclavado entre Sudáfrica y Mozambique y gobernado desde 1986 por el rey Mswati III, acusado por sus críticos de represión.
El cubano fue enviado allí junto a ciudadanos de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen, según un acuerdo que estipula que Esuatini aceptó recibir a 160 deportados, a cambio de 5,1 millones de dólares para desarrollar «su capacidad de gestión fronteriza y migratoria».
Orville Etoria, migrante originario de Jamaica, fue repatriado a su país desde ese reino africano en septiembre, pero el 6 de octubre Esuatini recibió a otros diez expulsados, informó su gobierno.
La administración Trump asegura que los extranjeros enviados allí son «criminales» condenados por cargos que van desde la violación de menores al asesinato. Son enviados a un tercer país quienes son rechazados por sus países de origen.
Pero sus abogados y familiares aseguran que todos ellos «ya cumplieron sus condenas y llevaban años viviendo en libertad» en Estados Unidos.
Largo historial
Pero Homeland Security (DHS) informó que Mosquera fue expulsado de Estados Unidos por su historial criminal, que incluye condenas por homicidio, agresión con agravantes a un agente de policía con un arma y agresión con agravantes que causó lesiones corporales o discapacidad en Miami-Dade, Florida.
En Esuatini, los migrantes fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad y sólo pueden hablar con sus familias en cortas videollamadas bajo la vigilancia de guardias armados, aseguran sus equipos legales a la AFP.
Estos hombres están en un «agujero negro legal», según el defensor Tin Thanh Nguyen, que vive en Estados Unidos.
«No es un «monstruo»
Pero Ada afirma que su amigo no es monstruo. «Es como una pesadilla», asegura que conoce a Mosquera desde que eran niños.
La publicación de McLaughlin en X describe al cubano y los otros cuatro deportados como individuos de una «barbarie» singular, por la que sus propios países rechazaron recibirlos.
En la foto, Mosquera luce una espesa barba blanca, con tatuajes que asoman por su camisa naranja. Se le califica de miembro de la pandilla Latin King condenado por «asesinato en primer grado».
Su amiga Ada, que fue contactada mediante su abogado, afirma que «no es ni el monstruo ni el prisionero bestial que dicen».
Aunque ella recalca que Mosquera solo había sido miembro de una pandilla en su juventud, el hombre fue condenado por intento de asesinato en julio de 1989 por dispararle a un hombre en la pierna.
Documentos judiciales indican que fue sentenciado a nueve años de prisión, liberado en 1996 y luego encarcelado de nuevo en 2009 por delitos como el robo de autos y la agresión a un agente de seguridad.
«Cambió su vida»
«Cuando Roberto salió, cambió de vida», defiende Ada. «Se casó, tuvo cuatro niñas preciosas. Se pronunció contra la violencia de las pandillas y tiene una familia que lo adora».
Un juez ordenó su deportación después de que su primera condena anulara su permiso de residencia, pero permaneció en Estados Unidos porque Cuba no acepta a los deportados, afirman los abogados.
Se presentó ante las autoridades migratorias cada año y trabajaba en una empresa de fontanería desde hace 13 años cuando fue detenido y deportado, cuenta Ada.
«Es atroz»
El envío de estos hombres a Esuatini forma parte de una campaña de Trump para expulsar hacia «terceros países» a inmigrantes indocumentados.
Otros extranjeros han sido llevados a África, a países como Ghana, Ruanda y Sudán del Sur, en acuerdos poco claros que han sido criticados por grupos proinmigrantes.
El abogado de uno de ellos indicó que no se les informó que iban a ser deportados hasta que estaban a bordo del avión.
«Es como una trata de personas moderna, usando canales oficiales», en opinión de Nguyen, que representa a los migrantes de Vietnam y Laos.
A los deportados se les negó el contacto con sus abogados y también con un defensor local, que intentó visitarlos en el Centro Correccional de Matsapha, 30 kilómetros al sur de la capital Mbabane, famoso por albergar a presos políticos.
El abogado Sibusiso Nhlabatsi asegura que los funcionarios de la prisión le dijeron que los hombres se habían negado a verlo.
«Sabemos con certeza que eso no es cierto», dice Alma David, la abogada estadounidense de Mosquera y otro deportado de Yemen.
Sus clientes dijeron a sus familias que nunca se les informó de las visitas de Nhlabatsi, y que habían solicitado asesoramiento legal en múltiples ocasiones.
La semana pasada, Nhlabatsi ganó una solicitud judicial para representar a los hombres, pero el gobierno apeló inmediatamente, lo que tuvo un efecto suspensivo.
Devolver a migrantes a sus países de origen
Esuatini, bajo el mando de Mswati desde hace 39 años, ha dicho que tiene la intención de devolver a todos los deportados a sus países de origen.
Pero hasta ahora sólo uno ha sido repatriado, el jamaiquino Etoria, quien «todavía se está adaptando a la vida en un país en el que no había vivido en 50 años», asegura su abogada en Nueva York, Mia Unger.
En el caso del cubano Mosquera, la última vez que su familia lo vio, en una videollamada desde la cárcel en el país africano la semana pasada, había perdido cabello y «adelgazado mucho», cuenta Ada.
«Esto nos ha afectado a todos», dice con la voz quebrada. Para ella la situación: «Es atroz. Es una sentencia de muerte», asegura.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Con informaciòn de AFP
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