La decisión del presidente de EU, Donald Trump, de prohibir la entrada a ciudadanos de doce países y restringir severamente los viajes desde otros siete ha provocado una ola de críticas internacionales, entre ellas la del secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó este jueves que cada país tiene derecho a decidir su política fronteriza, pero advirtió que la dignidad humana debe ser siempre respetada.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres evitó confrontar directamente al mandatario estadounidense, pero dejó clara la postura del organismo: “Nuestra posición siempre ha sido que, sea cual sea el sistema que se ponga en marcha, se respete la dignidad humana de las personas”.
Migración en manos del odio
Dujarric añadió que la migración debe gestionarse adecuadamente, asegurando los derechos de los migrantes y beneficiando tanto a los países de origen como a los de destino. Recordó además que existe un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, adoptado por la ONU, que advierte de los riesgos cuando estos flujos caen bajo el control de bandas criminales.
La declaración se da tras el anuncio de una nueva orden ejecutiva firmada por Trump, que veta el ingreso a ciudadanos de una docena de países —en su mayoría africanos y asiáticos— y establece restricciones adicionales a otros siete países, argumentando motivos de seguridad nacional y riesgo terrorista.
Veto racista y cruel
Más contundente fue la reacción de Amnistía Internacional, que calificó la medida como “discriminatoria, racista y completamente cruel”. En un comunicado firmado por su secretaria general, Agnès Callamard, la organización denunció que el veto propaga el odio y viola los principios fundamentales de derechos humanos internacionales.
“Señalar a personas según su raza, religión o nacionalidad, provenientes de países con población mayoritariamente negra, marrón o musulmana, constituye discriminación racial según el derecho internacional”, afirmó Callamard.
La líder de Amnistía también advirtió que esta política migratoria se suma a un contexto en el que el derecho de asilo en las fronteras de EU es prácticamente inexistente, lo que impone un sufrimiento brutal a personas que huyen de guerras, persecuciones y violaciones masivas de derechos humanos.
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Callamard fue más allá, asegurando que el nuevo veto migratorio de Trump viola directamente las obligaciones legales de EU en materia de protección internacional. Según el derecho internacional de refugiados, los países tienen el deber de ofrecer asilo a personas perseguidas, algo que el gobierno estadounidense estaría ignorando sistemáticamente.
La medida también genera dudas sobre su viabilidad jurídica dentro del propio sistema estadounidense, donde organizaciones civiles y grupos de defensa legal ya han anunciado que presentarán demandas ante tribunales federales para frenar la implementación del veto.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Crónica
