El Consulado de Colombia en Maracaibo se ha convertido en el epicentro de una crucial jornada de atención para las víctimas del conflicto armado colombiano residentes en Venezuela.
La iniciativa está liderada por Adith Romero, director nacional de la Unidad para las víctimas, quien se ha trasladado a la ciudad para supervisar personalmente la atención, actualización de datos y revisión de las rutas de priorización para la reparación integral.
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El objetivo principal de esta jornada, que se desarrollará durante toda la semana, es acercar los servicios del Estado colombiano a sus connacionales en el exterior y humanizar el proceso de reparación.
El foco está puesto especialmente en la población de adultos mayores, un grupo vulnerable que a menudo enfrenta condiciones de salud delicadas.
- «Buscamos brindar asesoría directa en el marco de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) y la Ley 2421, que establece la reparación administrativa», señaló Romero.
Como ejemplo tangible de la importancia de esta visita, destacó el caso de un adulto mayor con un tumor maligno cuyo trámite de indemnización se encontraba estancado, una situación que se espera resolver de manera expedita gracias a esta intervención directa.
Según cifras oficiales, en Venezuela hay más de 4,300 personas registradas en el Registro Único de Víctimas. La meta para esta semana en Maracaibo es atender a cerca de 300 personas. Posteriormente, la jornada se extenderá a las ciudades de Caracas y San Cristóbal para ampliar el alcance de esta iniciativa.
En el marco de su visita, Adith Romero también destacó las «muy buenas» relaciones que existen actualmente entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Agradeció la colaboración de las autoridades venezolanas en la reciente emergencia del Catatumbo y reconoció el papel histórico de Venezuela como país receptor de víctimas del conflicto colombiano.
Subrayó, además, la importancia de la cooperación binacional para abordar desafíos comunes en materia educativa, laboral y de salud para la población migrante.
Esta jornada no solo representa un avance en los trámites administrativos, sino que también es un acto de solidaridad y compromiso del Estado colombiano, demostrando que la atención a sus víctimas es una prioridad que trasciende fronteras y busca garantizar el acceso a la justicia y la reparación sin importar dónde se encuentren.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Redacción Jaira Molano
