La violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC en la región colombiana del Catatumbo ha dejado más de 18.000 desplazados, según cifras reveladas este lunes de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
«Desde el 16 de enero por lo menos 18.359 personas se han desplazado desde los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú (en el Catatumbo) hacia los municipios de Ocaña, Cúcuta, Tibú y Hacarí, instalándose en albergues temporales y hoteles», señaló la OCHA en una alerta de situación humanitaria.
Igualmente, el organismo señaló que hay alrededor de 1.000 colombianos que se desplazaron a Venezuela «en búsqueda de protección internacional» y «se alerta sobre posibles retornos de población venezolana, lo cual supone un alto riesgo».
«Entre las principales afectaciones, se destacan los ataques contra civiles, entre ellos, firmantes de paz y lideres comunitarios, y hechos como desapariciones, secuestros, homicidios selectivos, atentados, ocupación de viviendas de civiles, restricciones al paso de la misión médica», precisó la OCHA.
Los enfrentamientos han dejado unos 80 muertos y más de 20 heridos, aunque las autoridades aún no han podido acceder a todas las zonas donde ha habido combates.
Por esa razón, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró este lunes el estado de conmoción interior y emergencia económica.
El presidente puede decretar el estado de conmoción interior, según el artículo 213 de la Constitución, «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía».
Escalamiento dramático
El director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia (NRC, por sus siglas en inglés), Giovanni Rizzo, afirmó que lo ocurrido en el Catatumbo está «agravando una crisis humanitaria que se ha prolongado por décadas».
«Para aliviar el sufrimiento de la población civil, tres aspectos son clave: la implementación de las recomendaciones del sistema de alertas tempranas (de la Defensoría del Pueblo), el acceso humanitario sin impedimentos y la financiación humanitaria en el país», expresó Rizzo.
Igualmente, hizo un llamado al Gobierno a proporcionar «fondos suficientes» y garantizar la presencia institucional en las zonas rurales más afectadas por la violencia. «
«Teniendo en cuenta que la situación ya ha desbordado capacidades del Gobierno, la comunidad internacional debe hacer mucho más para seguir complementando la respuesta y proporcionar financiación humanitaria adicional que es vital para aliviar el sufrimiento de la población», añadió el director de esa ONG en Colombia.
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Prensa LOV/CCGuerra
