Miembros de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) de Rusia o de minorías religiosas y étnicas de Irán, Sri Lanka o Afganistán que fueron expulsados de Estados Unidos y llevados en avión a Panamá, se encuentran ahora en un limbo al negarse a ser repatriados a sus países de origen, donde son víctimas de ataques sistemáticos o sus vidas corren peligro.
Los miembros de la comunidad LGTBI de la minoría chií hazara en Afganistán, por ejemplo, sufren atentados frecuentes perpetrados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) o los propios talibanes, que los consideran apóstatas.
Sólo en la última década han muerto centenares de miembros de esta comunidad en ataques suicidas, como el que cometieron en 2021 contra una escuela femenina en Kabul, en el que murieron 110 personas, en su mayoría niñas.
«Si voy a Afganistán es muy difícil para mí», afirmó este lunes a EFE un joven hazara de 29 años que pidió el anonimato.
Se expresaba en un correcto español, aprendido durante su viaje de cuatro meses desde Brasil a Estados Unidos, a donde llegó el pasado 7 de febrero, para solo cinco días después ser deportado a Panamá esposado de pies y manos.
El joven formaba parte del grupo de 299 migrantes irregulares extracontinentales que el pasado febrero fueron enviados en tres vuelos por EE.UU. en el marco de un acuerdo que convirtió a Panamá en país «puente» para su repatriación.
De ellos, al menos 187 retornaron o esperan regresar a sus países de manera «voluntaria», según las autoridades panameñas, y 112 rechazaron hacerlo, temerosos muchos de ellos por sus vidas.
Ahora esperan en un hotel de la capital panameña, a donde llegaron en los últimos días desde un albergue próximo a la selva del Darién, después de que el Gobierno les otorgara la semana pasada un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación.
«¡Nunca, imposible!», dice a EFE un tamil hindú de Sri Lanka, que como el resto de los entrevistados pidió no ser identificado, cuando se le plantea la posibilidad de regresar a su país.
Miembro de este grupo minoritario en Sri Lanka, frente al mayoritario cingalés budista, se considera un «refugiado» en su propio país, dice, tras una cruenta guerra civil (1983-2009) que causó, de acuerdo a cifras extraoficiales, entre 60.000 y 100.000 muertos, además de decenas de miles de casos de desapariciones forzosas.
«Aunque la guerra ha terminado, no hay solución allí para los tamiles. No han conseguido la libertad, no se les ha dado un lugar donde vivir en sus propios (territorios). Hay militares por todas partes. Siguen decididos a expulsar a los tamiles de allí», explica a través de una app de traducción.
Organizaciones católicas, ayuda donde no llega el Estado
Mientras tanto, en el hotel, varias organizaciones católicas que forman parte de la Red CLAMOR (la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), cubren sus costes de alojamiento y alimentación, además de darles apoyo legal.
Alberto Agrazal, promotor comunitario de Fe y Alegría, que forma parte de la red, explicó a EFE que por el momento están apoyando a 45 migrantes en el hotel, sobre todo de Pakistán, Irán, países africanos o Nepal, y esperaban que llegasen a lo largo del día otros 22 procedentes del albergue en Darién.
La abogada especialista en migración Jenny Soto Fernández, que colabora con la Pastoral de Movilidad Humana -parte de la Red CLAMOR-, definió como un «rompecabezas» la situación de estos migrantes desde su llegada a Panamá, donde las autoridades no han dado «el apoyo como se debe».
Soto detalló a EFE que Estados Unidos no entregó a estos migrantes ninguna documentación como deportados, muchos de ellos incluso no tenían pasaporte, y tampoco se les selló su entrada en el país, por lo que «esa es una ilegalidad que ha cometido el mismo Migración», dando un visado «temporal por razones humanitarias sin tener un sello de entrada, eso es incongruente».
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La abogada ve como la salida más factible que soliciten asilo político en Panamá o, si no están interesados en quedarse en el país centroamericano, «pueden acudir a cualquier embajada o consulado» para solicitar «algún tipo de refugio».
Las dos jóvenes iraníes con las que habló EFE no quieren regresar a su país, donde se pueden enfrentar a la pena capital por haberse convertido al cristianismo, como reconoce el propio Departamento de Estado de EE.UU. en un informe de 2023.
«Cambiarse de religión en nuestro país se penaliza con la muerte», dice una de las jóvenes, de 29 años. «Solo (quiero ir) a un país seguro».
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La comunidad LGTBI, bajo ataque en Rusia
También hay un joven en el hotel que pertenece a la perseguida comunidad LGTBI rusa.
En su país, dice, son calificados de grupos «extremistas» y uno tiene que «esconderse», una situación que, lamenta, nadie le permitió explicar en Estados Unidos cuando se entregó «un minuto después» de cruzar la frontera en coche y pedir asilo político. «Este fue el problema de todo mi vida».
Iván Chanis, abogado internacionalista y activista de derechos de la comunidad LGTBI, recordó a EFE que «el principio de no devolución rige en todo lo relacionado a este tipo de situaciones».
«Y si hay una información de importancia como lo sería la seguridad de la vida de una persona, en este caso de un ciudadano ruso que por su orientación sexual puede terminar en la cárcel o sufrir algún tipo de trato inhumano degradante o hasta la muerte, es obligatoriedad de cada Estado, de cualquier Estado donde él se encuentre, darle un nivel de protección», subrayó.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
