Un reciente informe del Observatorio de Auditoría Ciudadana Cubana (OCAC), elaborado en colaboración con el centro de estudios Cuba Siglo 21, revela que la actual epidemia de dengue y chikungunya en Cuba podría haber causado hasta 8.700 muertes, muy por encima de las 55 reconocidas oficialmente por el Ministerio de Salud Pública. La investigación evidencia un colapso del sistema sanitario y un subregistro sistemático de casos y fallecimientos.
El estudio, publicado a mediados de diciembre y divulgado por medios independientes, estima que aproximadamente el 30 % de la población cubana, unos 2,9 millones de personas, se ha visto afectada por los arbovirus.
Considerando una letalidad moderada de 0,3 % a 0,5 %—compatible con hospitales saturados, atención deficiente y población vulnerable—, el número de víctimas podría situarse entre 8.700 y 14.500 personas, una cifra hasta 185 veces superior a la oficial.
El informe critica la falta de transparencia del régimen, que retrasó la alerta a la población y minimizó la gravedad de la epidemia, mientras los casos aumentaban en medio de cortes eléctricos, agua estancada, acumulación de residuos y una débil campaña de prevención contra el mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del virus.
Según Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo 21, el análisis se basó en datos oficiales de contagio y parámetros epidemiológicos internacionales.
Incluso un cálculo conservador con letalidad del 0,1 % arroja al menos 2.900 muertes, más de 60 veces las reportadas por el gobierno. El informe alerta que en escenarios de mayor severidad, con hospitales colapsados y población desprotegida, las cifras podrían ascender a decenas de miles.
El documento responsabiliza al régimen cubano por decisiones políticas a largo plazo que han agravado la crisis: reducción de la inversión en salud, escasez de medicamentos, exportación de personal médico y deficiencias en servicios básicos, como la recolección de residuos y el suministro de agua, que favorecen la proliferación de vectores. Además, cuestiona la negativa del Estado a permitir evaluaciones independientes y cooperación internacional, lo que agrava el daño y limita la respuesta sanitaria.
Blanco sostiene que mantener a la población en condiciones de malnutrición, sin acceso a atención médica adecuada y expuesta a epidemias constituye una forma de violencia estructural ejercida por el poder. “Cuando una epidemia controlable se convierte en un cataclismo nacional por abandono, ocultamiento y desvío de recursos, esa violencia también produce muerte”, subraya.
El informe concluye que la crisis sanitaria forma parte de un colapso más amplio del modelo político y económico del país, que incluye escasez de alimentos, agua potable, electricidad, transporte y servicios médicos, afectando la capacidad del Estado de proteger a la población.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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Fuente: ANSA
