Ministra de Ecuador denuncia por traición a la patria al expresidente Rafael Correa

La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, denunció a título personal por traición a la patria al expresidente Rafael Correa (2007-2017) por señalar que el asalto a la Embajada de México para detener a su exvicepresidente Jorge Glas podría constituir un motivo de declaración de guerra.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, solicita el inicio de investigaciones contra Correa por haber elucubrado en diversas entrevistas con las represalias que podría tomar un Gobierno que ve invadida una de sus embajadas, como ocurrió con la sede diplomática de México en Quito después de que le hubiese otorgado asilo a Glas.

El exmandatario solicita en sus intervenciones públicas presión internacional contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa al considerar que la detención de Glas, sobre quien pesaba una orden de captura para su reingreso en prisión, es “un secuestro” por producirse cuando ya tenía la condición de asilado.

“Un motivo de guerra”

Correa ha sostenido que lo ocurrido en la Embajada de México es un ‘casus belli’ (causa de guerra) e indicó que afortunadamente el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no llegaría a ese extremo como podría haber sido si fuese Estados Unidos.

“Es primera vez en la historia que sin consentimiento del Gobierno se entra a una sede diplomática, que es suelo extranjero. Eso es un ‘casus belli’, es un motivo de guerra”, señaló Correa en la entrevista citada por la ministra en su denuncia.

“Fácilmente México, la segunda economía latinoamericana, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80 % del comercio internacional (de Ecuador) y nos hace quebrar en dos meses”, añadió.

Para Núñez, esto “no sólo constituye un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que en su conjunto, también crea una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”.

“Las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, fomentado cualquier forma de que México reprima a Ecuador, y demás expresiones del denunciado, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión y sancionarse como lo que son, delitos en contra del orden público”, aseguró.

Y es que incluso la titular de la cartera de Trabajo apuntó a que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla que la libertad de expresión tiene límites como “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

“Sinvergüenzas”, dice Correa

Al enterarse de esta denuncia, Correa cargó contra el Gobierno: “¡En qué manos estamos! ¡Sinvergüenzas!”, escribió en su perfil de la red social X, que reside en Bélgica con la condición de refugiado al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), al igual que Glas.

La irrupción policial a la fuerza en la Embajada de México llevó a que el Gobierno mexicano rompa relaciones con Ecuador y lo denuncie ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar vulnerado el derecho internacional y su soberanía.

Para el Gobierno de Noboa, Glas estaba impedido de recibir cualquier tipo de asilo por encontrarse imputado por presunto peculado (malversación) en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el fuerte terremoto registrado en Ecuador en 2016.

También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel, fruto de dos condenas por cohecho en el caso Sobornos, donde también sentenciaron a Correa; y por asociación ilícita en el caso Odebrecht, de las que ya había purgado cerca de cinco años entre 2017 y 2022.

Glas, que fue vicepresidente de Correa y a inicios del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), había salido de prisión gracias a una polémica resolución judicial que dio la libertad de manera cautelar a la espera de que recibiese el beneficio penitenciario de la ‘prelibertad’, lo que la Justicia no le otorgó.