El pasado 30 de marzo, el Ministerio Público (MP), envió una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para solicitar información detallada sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados en ese país, a lo que luego de 80 días de espera, la Corte Suprema de Justicia dio una respuesta «vergonzosa para desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos», por lo que el MP rechaza categóricamente dicha respuesta «cínica» por parte de la nación centroamericana.
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A través de un comunicado del MP, se expresa que «en esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados. Además, con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».
Igualmente, señala que «así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad. Al pedirles a los defensores que especifiquen si ‘realmente’ los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica».
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En ese sentido, la institución venezolana, como garante de la legalidad, resalta que «no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales».
«Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.
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Con esta respuesta el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos», continúa el escrito.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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