Muere Maricarmen Abascal a los 87 años, dos semanas después del desahucio de su casa de Madrid

La anciana, con discapacidad y movilidad reducida, fue desalojada el 23 de septiembre y trasladada al hospital Gregorio Marañón; días después alcanzó un acuerdo para regresar a su casa.

Maricarmen, la mujer de 87 años que encendió hace dos semanas el debate sobre los desahucios en España, ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde que fue desalojada de su vivienda.

En ese inmueble había vivido durante 70 años.

Con una pensión de 1.400 euros, la inquilina mantenía un alquiler de renta antigua hasta que, hace seis años, una empresa compró el edificio y comenzó a exigirle un importe mucho más elevado por él.

Los propietarios le notificaron que debía dejar el apartamento porque el contrato ya había sido subrogado dos veces.

A raíz del importante revuelo político y social provocado por el desalojo, detonante incluso de un adelanto electoral, hace una semana los representantes de esta madrileña alcanzaron un acuerdo negociado con Urbagestión, la inmobiliaria propietaria del piso.

Lo pactado le permitía volver a la que fue su casa a lo largo de siete décadas en cuanto le dieran el alta médica. Los acampados en la Puerta del Sol celebraron el pacto, aunque siguieron instalados en la plaza hasta que ver nuevas noticias sobre los dos nuevos Real Decreto-ley de vivienda.

«Me gustaría estar ahí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada, en vuestra lucha, pero no tengo esa suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor. Luchad, defended lo que es vuestro y, por favor, tened cuidado. Seguid acampando hasta que vuestro cuerpo aguante», apeló la mujer desde la cama del hospital.

María del Carmen Abascal, conocida por todos como Maricarmen, fue desalojada del piso que su padre alquiló en 1956 en el barrio madrileño Ibiza. Allí pasó prácticamente toda su vida, junto a su madre y su hermano.

Estudió taquimecanografía y secretariado, trabajó 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998.

«Aquí tengo todos mis recuerdos. Mi papá murió muy joven, en el año 60, con 51 años. Y mi mamá murió en 2005, en esta casa. Yo he vivido aquí desde el año 56 hasta el día de hoy», recordaba cuando la obligaban a abandonar su hogar.

El acuerdo alcanzado para que pudiese regresar constaba de 20 puntos y detallaba la prolongación del contrato durante ocho años.

La afectada abonaría una cantidad similar a la que venía pagando hasta la fecha, entre 450 y 500 euros mensuales, lo que representaba el 30% de la cantidad que percibe de su pensión y/o rentas netas: unos 1.400 euros al mes.

Hasta la fecha, de los 450 euros de alquiler unos 200 correspondían estrictamente al alquiler de renta antigua y el resto eran gastos de comunidad, agua y calefacción. Urbagestión le pedía 1.650 euros al mes antes de ejecutarse el desahucio por orden judicial.

El encuentro entre los responsables de la inmobiliaria y los representantes de Maricarmen -su abogada, Beatriz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu-, se desarrolló con la intermediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y de los Servicios Sociales municipales de Madrid (EMVS) cuyos servicios contemplan, entre otras cosas, ayudar a las partes a la hora de elaborar el contrato, ofrecer garantías ante posibles impagos y, a los propietarios les permite elegir a su inquilino, aunque el arrendamiento máximo no puede superar el 30% de los ingresos netos de quien alquila.

El servicio municipal se ofreció como mediador después de que el pasado viernes Urbagestión contactara «de urgencia» con EMVS para incluir el piso de Maricarmen en el programa Reviva con el objetivo de que la mujer, ya ingresada en el Gregorio Marañón, retornara al que había sido su hogar a lo largo de siete décadas.

Desde el Ayuntamiento de Madrid le ofrecieron el plan de mediación debido a que el inmueble no entraba en el programa municipal diseñado para recuperar viviendas en desuso y ofrecerlos por alquileres asequibles, a causa de la hipoteca no levantable que pesaba sobre la vivienda de Maricarmen, un obstáculo legal insalvable para poder pertenecer a Reviva.

Respuesta negativa antes del desahucio

El acuerdo convenido por ambas partes, con el Ayuntamiento de Madrid como intermediario, marcó el final de un sinfín de propuestas que, afirmaron desde el Sindicato de Inquilinas, recibió la inmobiliaria conforme se acercaba la fecha del desahucio de Maricarmen, todas rechazadas inicialmente.

Tanto el Ministerio de Vivienda como la empresa pública Casa 47 afirmaron haber realizado ofertas para adquirir el inmueble y evitar así el desalojo de la mujer.

Si bien la administradora aseveró que ambas instituciones «no podían hacerlo legalmente», Urbagestión reconoció que la empresa pública formalizó una oferta conjunta con Maricarmen, en el que el alquiler implicaba un pago de 900 euros.

Ante esta opción, los propietarios expusieron que no se atendió porque el documento fue entregado «sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo»

El principio de acuerdo alcanzado era el punto final a una tensión entre ambas partes que se remonta a 2018, cuando la inmobiliaria se hizo con la vivienda. La firma constató entonces que la titularidad del contrato había pasado, antes de Maricarmen, por su padre y su madre, lo que llevó a Urbagestión a presentar el documento, subrogado hasta dos veces, ante la justicia.

Tras una batalla judicial que duró hasta 2023 y que en una primera sentencia de la Audiencia Provincial dio la razón a la vecina, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor de la inmobiliaria, lo que obligó a la anciana a firmar un nuevo contrato para poder quedarse en la vivienda.

Es a partir de la sentencia del alto tribunal cuando las versiones comienzan a desligarse.

Si, por un lado, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, afirmaba que el contrato que ofreció la inmobiliaria al comprar el inmueble fue de 2.650 euros que.

Tras advertir la particularidad de la situación de la anciana se rebajó entre un 40% y 50% por debajo del precio del mercado, se quedo en 1.650 euros, «algo que Maricarmen no se podía permitir», desde Urbagestión negaron la veracidad de esos números, pues, según afirmaron en un comunicado el pasado viernes, «nunca se han pedido los 2.650 que mencionan».