Los reportes por violencia sexual a escolares se acumulan desde el 2010 sin que las autoridades ejerzan justicia. De los maestros denunciados, solo a la quinta parte se les había sancionado a nivel administrativo.
Indignación en Perú.
El Ministerio de Educación del país sudamericano ha confirmado que existen al menos 524 denuncias contra maestros por violencia sexual a escolares en la provincia de Condorcanqui, situada en la región de Amazonas. Los casos datan de los últimos 14 años, y se han acumulado sin que se aplique mayor justicia, pues únicamente 112 de estos maestros fueron destituidos en ese tiempo.
Los hechos, conocidos por el Estado durante más de una década, han cobrado notoriedad nacional recién en las últimas semanas, con el pronunciamiento a voz alzada de las comunidades indígenas awajún y wampis, a las que pertenecen las víctimas.
«Pido al Ministerio de Educación que reglamenten, que haya normas, que sean más fuertes, que sancionen a esos maestros. Ya no pueden ponerle un maestro violador a disposición de la Unidad de Gestión Educativa de Condorcanqui”, protestaba Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, en una emisora radial a fines de mayo.
Lo que ha pasado es un daño irreversible a la niñez.
En entrevista con France 24, la vicegobernadora de Amazonas, Leyda Rimarachín, precisó que los menores violentados sexualmente son niñas, niños y adolescentes de entre siete a 16 años de edad.
“Las sanciones que se han tenido, que son pocas (…) En las comunidades nativas y, en este caso, en una comunidad alejada como lo es Condorcanqui, hay limitaciones mucho más profundas que en el resto del país. También hemos detectado que, entre familias de algunas de las víctimas, los perpetradores de estos abusos sexuales han hecho acuerdos extrajudiciales para no insistir con las denuncias o no ser denunciados. Lo que ha pasado es un daño irreversible a la niñez. En eso hay que estar claros todos los actores –autoridades y políticos– para tomar medidas multisectoriales”, dijo Rimarachín a este medio.
A mediados de junio, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció el inicio de investigaciones sobre los abusos denunciados y la gestión de estos reportes en la región selvática.
El compromiso del gobierno, sin embargo, ya se había empañado poco antes, cuando el propio ministro de Educación, Morgan Quero, calificó las violaciones como una “práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos”.
La ministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, lejos de corregir los dichos de Quero, había reafirmado la expresión ante la prensa y hasta añadido que “debemos informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido”.
Si bien Adrianzén descartó que el gobierno guarde posturas estigmatizantes y discriminatorias contra la población indígena, el daño causado produjo el rechazo de parte de organizaciones sociales y motivó una denuncia desde el Parlamento contra ambos miembros del gabinete.
El mundo al revés: algunos profesores siguen ejerciendo la docencia
France 24 contactó a Ana López, directora de servicios educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación de Perú. Según señaló la autoridad, los implicados son 519 profesores contratados (contratación temporal) y cinco nombrados (contratación estable). De ellos, 194 habían salido librados de sanción porque las denuncias prescribieron.
Asimismo, 82 habían sido absueltos de toda responsabilidad y en 71 de los casos las indagaciones seguían pendientes. Solo 112 habían sido destituidos o cesados de ejercer la docencia, mientras que a 61 se les impuso procesos disciplinarios menores. Adicionalmente, indicó que algunos de los reportes tomados por la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Amazonas –que es administrada por el gobierno regional– ni siquiera habían sido derivados a la fiscalía para las sanciones a nivel penal.
En la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios solamente había una persona. Otro factor limitante es el presupuesto.
López confirmó que aún hay maestros denunciados que no tienen impedimento legal para seguir laborando como tales. Por ello, recalcó que su ministerio ha impulsado la reactivación de las denuncias prescritas, la separación preventiva de los profesores y la alerta nacional para evitar su recontratación en otras regiones.
“El 19 de junio se dejó sin efecto seis contratos. Estos profesores, a pesar de haber sido destituidos e inhabilitados por cometer delitos sexuales en agravio de alumnas, estaban dictando clases en Amazonas, Loreto y San Martín”, refirió.
Consultada sobre por qué en más del 37% de las denuncias la entidad regional en educación había dejado vencer el plazo para las sanciones administrativas contra los agresores sexuales, López respondió que existen limitaciones logísticas y de personal.
“Las zonas son muy lejanas y tienen poco personal. Si sale personal de la UGEL, te quedas sin nadie. En la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios solamente había una persona. Otro factor limitante es el presupuesto. Para desplazarse a las zonas, se debe navegar en chalupas por el río por varias horas. Esto implica un costo con el que no se cuenta. Ahora, también hemos podido detectar temas de corrupción”, explicó la funcionaria.
La erupción mediática expone problemas estructurales
En declaraciones a la prensa peruana, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, había enunciado la posibilidad de contagios del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en algunas de las víctimas.
No obstante, esto aún no ha sido confirmado públicamente por el gobierno regional o las autoridades del gobierno. También sigue pendiente un comunicado oficial que revele si hay menores en estado de gestación como producto de las agresiones sexuales.
“No tenemos aún la información concreta ni podemos decir a sinceridad si existen contagios de VIH como producto de estos delitos sexuales ni tampoco si hay embarazos en estas niñas. Lo que sí tenemos registrado en Condorcanqui (la provincia amazónica donde se reportaron los casos de los maestros) es que, en cifras generales, hay cerca de 60 niñas menores de edad que están gestando y que además tienen diagnosticado VIH. Esto, independientemente de las denuncias contra maestros. No hemos determinado aún si hay casos conectados entre ellos”, dijo Leyda Rimarachín, vicegobernadora de Amazonas, a France 24.
La transmisión del VIH es una preocupación general y recurrente en la región.
El año pasado, el Ministerio de Salud peruano había advertido un incremento de estas detecciones en Amazonas. La Red de Salud de la provincia de Condorcanqui había contabilizado hasta 222 fallecimientos de personas locales por complicaciones derivadas del sida en solo una década.
Una de las poblaciones más afectadas es la awajún y, en gran parte, las infecciones se dan en menores de edad.
Como medidas inmediatas para la protección hacia las víctimas de abuso escolar, el gobierno central de la presidenta Dina Boluarte, a través de sus ministerios, viabilizó la instalación de una cámara Gesell –esencial para las investigaciones sobre estos crímenes– en el distrito de Nieva, en Condorcanqui. También se informó sobre la contratación de dos abogados para la gestión exclusiva de los procesos administrativos contra los maestros y el desplazamiento de un equipo de soporte socioemocional con los menores agredidos.
Asegurar el despido y la inhabilitación permanente de los profesores denunciados –como así lo promete el Ministerio de Educación– abrirá una situación compleja, pues no existen suficientes maestros que dominen lenguas nativas para la enseñanza en zonas con alta población indígena, como Condorcanqui.
“En el país tenemos excedente de maestros. Hay más maestros que plazas. Pero el asunto está en que esta zona –Condorcanqui– demanda educación intercultural bilingüe y en ese personal sí tenemos un déficit. Por el momento, lo que se tiene que hacer es cubrir con otros docentes que no tengan esa preparación hasta que se pueda tener la cantidad adecuada de los que sí la tienen”, puntualizó Ana López, directora de servicios educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación de Perú.
Hace unos días, madres y niñas amazónicas se movilizaron en vecindarios de la región para demandar acciones inmediatas y severas contra los abusadores de las estudiantes. Algunas elevaron también pancartas y reclamos en rechazo al gobierno de Boluarte, al que acusaron de normalizar la violencia sexual.
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