La ONG Provea denunció este domingo tres años de «estancamiento» del salario mínimo en Venezuela, actualmente en 130 bolívares mensuales, la moneda local -equivalente hoy a dos dólares, según el tipo de cambio oficial-, y que no se reajusta desde el 2022, pero se complementa, para el caso de los empleados públicos, con bonos gubernamentales de hasta 130 dólares que no tienen incidencia laboral.
«Luego de tres años de estancamiento deliberado del salario mínimo nacional, el ingreso y el ahorro de las familias ha sido demolido y en su lugar se ha abierto el camino a una agresiva bonificación del ingreso, amparada en la construcción de una narrativa oficial que intenta sustituir conceptos para justificar el despojo de conquistas», manifestó Provea en su cuenta de X.
Según la ONG, para la Administración de Nicolás Maduro el salario «ha dejado de existir, en la práctica y en el discurso» y, aseguró, en paralelo el presidente «ha desmantelado la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado en el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Venezuela es parte».
«Maduro impone un modelo económico opaco, divorciado de los intereses de las grandes mayorías y negador de los derechos de los trabajadores, mediante un aparato represivo», indicó la organización no gubernamental.
Los 130 bolívares de salario mínimo, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público, equivalían a 30 dólares en marzo de 2022.
Según expertos en economía, Venezuela no tiene la capacidad para aumentar el salario mínimo a un monto inicial de 200 dólares mensuales, como exigen los sindicatos, por las limitaciones económicas del país y el gasto público que representaría para el Estado, que tiene una nómina de 2,5 millones de empleados activos, sin contar jubilados y a alrededor de cuatro millones de pensionados, según cálculos independientes.
Ante la imposibilidad de asumir estas cargas, la Administración de Maduro -que apunta a las sanciones como el factor determinante que impide el incremento salarial- y el sector privado pagan a sus empleados bonos que no inciden en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades.
Maduro sostiene que los bonos son parte de una fase de resistencia ante la crisis económica que generan las sanciones internacionales, mientras sindicatos y ONG exigen un aumento «digno» del salario mínimo.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Agencia
