¿Presos de conciencia u olvidados de un país?
«Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio. Está encerrado tras las rejas de los prejuicios y la incapacidad de ver más allá… a los oprimidos y a los opresores se les priva de su humanidad por igual». Nelson Mandela.
Ni gramaticalmente o lingüísticamente su significado es el mismo cuando decimos o leemos políticos presos o presos políticos. Su acepción —cada uno de los significados que una palabra o expresión tiene en función del contexto en que aparezca— es distinta, pero lo verdadero es que el acto es en sí mismo muy cruel, cuando a un venezolano, hombre o mujer, le secuestran, interrumpen o priven de su libertad por pensar o actuar distinto, contrario o diferente aun cuando el ser libre esté consagrado como un derecho humano universal, inalienable e intransferible.
El tema de los presos políticos en Venezuela que no podía ser la excepción en el país que hoy tenemos, no parece poseer la fuerza en el interés de la gente, partiendo de la premisa que lo que no se difunde y no es dado a conocer, jamás podrá ser atractivo a la atención del ciudadano acerca de la condición jurídica y personal en la que están en este momento más de 269 personas detenidas a las que se les considera presos políticos, según datos de la ONGForo Penal de febrero de este año. Son hombres y mujeres de carne y hueso, civiles y militares, padres, hijos, hermanos, amigos o conocidos detenidos por cometer un delito político o lo que es lo mismo, tener públicamente una actitud de confrontar, desenmascarar o adversar al Gobierno de Miraflores que en nada es su condición igual, similar o parecida a ser un delito común.
Si no es por Organizaciones No Gubernamentales y defensoras de los derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela, lo mucho o poco que pueda saberse de las causas de estas detenciones no debe ser lo deseable.
Contrariamente la gente debe saber que la lucha de cada preso político ha sido a costa de su seguridad y libertad. Ha sido y es por un mejor país, una verdadera democracia y por mejores condiciones de vida para los nacidos en esta tierra de gracia. Sin embargo, el atrevimiento generalmente termina en privativa de la libertad y en largos procesos judiciales sin equilibrio de lo que debería ser el imperio de la Constitución y las leyes.
Salvo por contadas excepciones de alguno de sus miembros, existe una deuda moral, política y social de la dirigencia de los partidos políticos venezolanos a pesar que en algún momento, presente o pasado, alguno de sus integrantes ha pasado el mal rato de ser detenido por los órganos policiales y presentado en tribunales, donde no es un secreto que los expedientes son manipulados y abultados con «pruebas», inventadas, sembradas, que vulneran el derecho a una legítima defensa que no ha dejado de ser denunciado por abogados de la defensa de los presos políticos.
El papel de la dirigencia política ha sido insuficiente, escaso, mezquino y lamentablemente menos activo, poco visible, en la defensa de éstos venezolanos olvidados en los calabozos de cárceles que son verdaderos infiernos en la tierra. Seguir ciegos, sordos y mudos en nada dignifica a la dirigencia política democrática. En contraste con el silencio del sector político, la vocería de la Iglesia Católica venezolana ha dictado cátedra, revelando y denunciando la injusticia procesal contra los detenidos por razones políticas.
Tiempo y espacio sería mucho para mencionar o describir cada caso en particular del uno a uno de los presos políticos venezolanos. Sin embargo, dos me vienen a la mente por la crueldad, maldad y la notoriedad pública de ambos, cual víctimas de un ensañamiento de la Revolución Bonita que los lleva a una especie de patíbulo moderno que exhibe a quien es atrevido y se le aplica un pase de factura por no estar de acuerdo, profesar ni practicar aquello de que quien calla otorga.
En el primer caso, Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes, permanece detenido arbitrariamente desde julio de 2021, después de hacer una acusación ante el Ministerio Público contra el exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, por sus presuntos vínculos con la guerrilla colombiana del ELN en el proceso de penetración, asentamiento y dominio del territorio nacional. El delito imputado «instigación al odio, terrorismo y traición a la patria” fue la manera de callar e inmovilizar su voz al advertir el grave peligro que corría nuestra soberanía y seguridad fronteriza.
El segundo caso es el de Roland Carreño. A la luz de su actividad profesional muy conocida de periodista acucioso, crítico y mordaz, a nadie, claro solo a gente del gobierno revolucionario, los llevó a procurar su detención cuando demostrando sus dotes de ser los únicos capaces, dueños absolutos y poseedores de argucias inverosímiles, le fabricaron y construyeron historias traídas de los cabellos que lo acusan de delitos de «financiamiento de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra».
Quizá no le ubicaron ni consiguieron un cortaúñas que habría comprometido y agrandado su expediente. Además, lo señalaron de fraguar y ayudar a la fuga de Leopoldo López a España. Lo cierto es que el colega Carreño continúa preso desde octubre de 2020.
Por otro lado, no solo detenidos hasta no se sabe cuándo, debe ser el destino de cada uno de los presos políticos venezolanos. No debe prevalecer, imponerse o convertirse en una deuda infinita su continuación en seguir separados de sus hijos, esposas y familias por el olvido, voluntario o no de toda una nación que seguro no desea ser sorprendida, Dios no lo permita, con un aciago momento cuando la vida de los presos políticos, Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo, les fue arrebatada durante su detención.
¡Nunca olvidemos que son presos políticos, no políticos presos!.
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José Aranguibel Carrasco
