Organizaciones sociales de la región del Catatumbo acusaron este martes al presidente colombiano, Gustavo Petro, de estigmatizar el trabajo que hacen por la defensa de los derechos humanos y la paz, luego de que el mandatario asegurara que hay ONG «permeadas y subordinadas a las armas».
«Estas afirmaciones, además, exponen a líderes y lideresas sociales a un riesgo aún mayor en una región ya profundamente golpeada por la violencia y el abandono estatal», expresó en un comunicado el Espacio Autónomo de la Sociedad Civil en Norte de Santander, departamento en el que está ubicado el Catatumbo.
Durante el consejo de ministros del martes, el mandatario aseguró que varias organizaciones sociales del Catatumbo «están permeadas por las armas, subordinadas por las armas».
«Aún así, hay que quitarle la población a las armas, no se trata de llevarle recursos a las armas, se trata de llevarle recursos a la gente para que saque las armas del territorio», expresó Petro.
Al respecto, las organizaciones sociales señalaron que el señalamiento del presidente pone «en riesgo la vida e integridad de las comunidades» y ocurre en un contexto de emergencia humanitaria, producto de los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales, desencadenada a pesar de las múltiples advertencias de la sociedad civil al Gobierno».
Petro presentó el lunes un plan para la recuperación del Catatumbo que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de matas de coca, equivalentes a casi la mitad de los cultivos ilícitos existentes en esa región fronteriza con Venezuela y azotada por la violencia.
«Esa violencia no es solo por ser frontera sino porque básicamente hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca; nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior», dijo el mandatario.
Los decretos de conmoción interior fueron expedidos el pasado 24 de enero para hacer frente a la violencia causada por los enfrentamientos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente 33 de las disidencias de las FARC que dejan al menos 71 muertos y unas 55.000 personas desplazadas.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
EFE
