El papa León XIV, quien oficialmente inició su labor al frente de la Iglesia Católica el pasado 18 de mayo, ya ha adoptado medidas que continúan la labor de su predecesor, el papa Francisco I, y otras que van en contra.
Una de ellas data de una tradición de más de 500 años que el fallecido religioso argentino suspendió, pero el pontífice nacionalizado peruano León XIV restableció.
Se trata de la tradicional gratificación económica que se otorga a los empleados del Vaticano con motivo de la elección de un nuevo pontífice.
De esta manera, cada trabajador de la Santa Sede recibirá una propina de 500 euros, que será incluida en la nómina de este mes. Este gesto que había sido suspendido, y demandará a las arcas unos 2 millones 500 mil euros (un aproximado de más de 10 millones de soles), generó satisfacción entre los empleados vaticanos.
León XIV comunicó esta decisión un día antes de recibir en audiencia a todos los empleados y de la gobernación vaticana.
La medida no solo ha sido interpretado como un intento de fortalecer los lazos con los empleados vaticanos y de recuperar ciertas tradiciones que habían sido abandonadas, sino que también refuerza la imagen del nuevo pontífice como un líder atento a las necesidades del mundo laboral.
Incluso, su nombre elegido no es casual, ya que rinde homenaje a León XIII, quien fue conocido por abordar por primera vez la cuestión social de los trabajadores durante la Revolución Industrial.
En su encíclica ‘Rerum novarum’, publicada en 1891, León XIII sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo los derechos de los trabajadores y promoviendo la justicia social.
¿Por qué se suspendió la gratificación?
La gratificación hacia los empleados de la Santa Sede fue suspendida por el papa Francisco a través de un decreto en 2021, como parte de una serie de medidas que adoptó en un intento por combatir la corrupción. Dado que el papa León XIV solo se ha referido a la también llamada ‘propina’, todas las demás disposiciones de su antecesor seguirían vigentes. Entre ellas, la prohibición a tener activos en paraísos fiscales y que directivos de la Santa Sede, incluyendo a los cardenales, acepten regalos con un valor superior a 40 euros.
Estas medidas se establecieron luego de anunciarse una reducción del 10% del sueldo a los cardenales y los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (desde los jefes de dicasterios a vicedirectores con contratos directivos de cinco años), además de todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.
Incluso, deberán firmar una declaración en el momento de ser contratados, y cada dos años, en las que aseguren que no están sujetos a procedimientos penales pendientes o están siendo investigados.
Tampoco podrán tener propiedades o remuneraciones que procedan de actividades ilícitas y deberán suscribir que no tienen condenas firmes, no se han beneficiado de indultos y no han sido absueltos por prescripción.
Estas decisiones buscaban garantizar una mayor integridad en la gestión de los recursos de la Iglesia y prevenir posibles abusos de poder o conflictos de interés.
Algunos de los escándalos que motivaron a Francisco I a adoptar medidas como estas fue el caso del excardenal Theodore McCarrick, quien fue acusado de abuso sexual a menores y se descubrió que enviaba regularmente cheques a personal del Vaticano; el del excardenal Angelo Becciu, acusado de corrupción y nepotismo, y la contratación de intermediarios financieros como Gianluigi Torzi, acusado de haber engañado en la compraventa de un inmueble de lujo en Londres que dejó un agujero ruinoso de casi 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
Infobae
