Organizaciones sociales de Azuay, Tungurahua y Quito se unieron este martes al paro nacional en Ecuador, convocado por la CONAIE, contra la eliminación del subsidio al diésel y el estado de excepción decretado por el Gobierno.
El paro nacional en Ecuador se intensificó este martes con la adhesión de nuevos sectores sociales que rechazan las políticas económicas del Gobierno de Daniel Noboa. Colectivos populares de la provincia de Azuay, que la semana pasada protagonizaron movilizaciones contra la minería, anunciaron su participación en las protestas “por la salud, la educación, la democracia y la naturaleza”.
El Parlamento Pluricultural del Azuay, integrado por 16 grupos indígenas, campesinos, gremiales y sindicales, emitió un comunicado en el que aseveró su adhesión al paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En Quito, una movilización está programada para las 16:00 hora local, frente a la sede central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Desde Tungurahua, el Movimiento Indígena lanzó un ultimátum al mandatario Daniel Noboa para que derogue en dos días el decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. Advirtieron que, de no obtener respuesta, cada comunidad tomará sus propias medidas.
El paro nacional, que comenzó la víspera, ha generado protestas en provincias como Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. La fuerza pública reprimió a los manifestantes, hiriendo a varios en la cabeza y el rostro. La CONAIE reclamó el cese inmediato de la violencia y el respeto a los derechos del pueblo, denunciando el uso excesivo de recursos para reprimir en lugar de atender las demandas ciudadanas.
Además de los 50 detenidos confirmados por el Ministerio del Interior, la CONAIE y organizaciones de derechos humanos denunciaron la desaparición de la manifestante Gina Cahuasqui. Las organizaciones en Cotopaxi e Imbabura también ratificaron que las movilizaciones y los cierres viales continuarán hasta que se derogue el decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Para contener las movilizaciones, Noboa declaró la semana pasada el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país, estableciendo toque de queda en cinco de ellas. Pese a esto, las protestas continuaron durante la noche, con bloqueos de carretera en el norte de la capital.
Los indígenas ya lideraron en 2019 y 2022 protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones a los combustibles para cumplir con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, el mandatario Daniel Noboa, quien trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a la provincia de Cotopaxi, afirmó que no cederá ante sus decisiones y advirtió que quienes “incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley”.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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