Washington da luz verde a un proyecto clave en el Caribe que involucra a la petrolera Shell y al Gobierno de Trinidad y Tobago, en un intento de equilibrar su política energética y sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Pese a las tensiones en el Mar Caribe, Washington dió su visto bueno.
El gobierno de Estados Unidos concedió una licencia especial que permitirá a Trinidad y Tobago negociar y desarrollar un proyecto de gas natural con Venezuela, sin exponerse a sanciones.
La decisión, anunciada este jueves por el fiscal general trinitense John Jeremie, representa un giro significativo en la relación energética entre ambos países caribeños y Washington, que mantiene restricciones severas sobre la industria petrolera venezolana desde 2019.
La autorización, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, abre una ventana de oportunidad para que Trinidad y Tobago, junto con la multinacional Shell, impulsen el desarrollo del yacimiento Dragon, ubicado en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima entre ambos países.
El permiso llega en un momento de creciente necesidad energética para el pequeño Estado caribeño, cuya producción de gas disminuyó en la última década, comprometiendo la sostenibilidad de su industria petroquímica y de exportación de gas natural licuado (GNL), pilar de su economía.
Bajo auspicio estadounidense
La licencia otorgada por Washington tiene una validez inicial de seis meses para avanzar en las negociaciones preliminares. No obstante, un segundo documento del Departamento del Tesoro, fechado el miércoles, amplía el alcance del permiso y lo estructura en tres etapas progresivas que se extenderán hasta abril de 2026.
La primera fase autoriza a Trinidad y Shell a entablar conversaciones con Petróleos de Venezuelay con el gobierno de Caracas, siempre bajo condiciones estrictas y con la obligación de incluir empresas estadounidenses en el desarrollo del proyecto.
Washington, por su parte, fue claro en que el acuerdo no debe traducirse en un beneficio económico para el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado, en un comunicado fechado el 30 de septiembre, subrayó que respaldará el proyecto solo si “se garantiza que no proporcione ventajas significativas al gobierno venezolano”.
El campo Dragon alberga unas reservas probadas de 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que lo convierte en uno de los mayores yacimientos de Venezuela y en una fuente potencial de ingresos para ambos países. Su explotación tardió años debido a las sanciones y a la inestabilidad política de Caracas.
El proyecto, liderado por Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, se considera esencial para mantener operativas las plantas de licuefacción y petroquímica del país caribeño, cuyos niveles de producción cayeron de un 30 % desde 2015.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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