El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Contratos públicos y planes sociales
Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no se renovarán en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de 90 días.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que sólo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
Revisión de los planes sociales de Argentina
Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).
“Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó Adorni.
El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales”.
Primeras manifestaciones en la calle
Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como ‘corralito’ bancario, y en lo político provocaron la dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
Medidas comerciales de Milei
El Gobierno de Argentina reemplazó el actual Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por un nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) para de esta manera eliminar “vueltas burocráticas” al comercio importador en el país suramericano.
Con el fin del SIRA y la implantación del SEDI “se termina que el funcionario de turno pueda decidir qué queremos exportar y qué no”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno) al referirse a la resolución del Ejecutivo, que salió publicada este martes en el Boletín Oficial de Argentina.
El nuevo modelo permitirá que el Gobierno argentino valore más “la decisión del privado que la de aquel que está detrás de un escritorio”, enfatizó el vocero gubernamental. “Siempre confiamos más en el que trabaja que en el burócrata”, reiteró.
El polémico SIRA lo aprobó quien fue ministro de Economía durante la segunda mitad del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), Sergio Massa, que también fue el aspirante presidencial que derrotó el ultraliberal Javier Milei en el balotaje celebrado el pasado 19 de noviembre.
El sistema de importaciones, que fue una de las ‘medidas estrella’ de Massa, establecía cupos a las compras del exterior en Argentina, instalando un sistema discrecional de licencias y permisos para la importación.
Con el nuevo esquema, que ya había sido adelantado por el actual ministro de Economía, Luis Caputo, no será necesario que se tramiten licencias para los envíos destinados al consumo.
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Agencia
Prensa LOV/ CCGuerra
