Presentan investigación jurídica e histórica sobre los terrenos de "La Portuaria" ante extrabajadores en Maracaibo
En las instalaciones del Instituto Descolonizador Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales “Hugo Chávez Frías”, adscrito a la Escuela de Gobierno, se realizó una exposición sobre el caso de los terrenos de “La Portuaria” y los derechos de los trabajadores y extrabajadores del Puerto de Maracaibo.
La actividad estuvo dirigida a más de 30 extrabajadores portuarios y familiares, quienes solicitaron conocer los resultados de la investigación jurídica e histórica desarrollada para esclarecer una disputa que durante años ha generado posiciones encontradas en la opinión pública zuliana.
La presentación estuvo a cargo de la economista Lorena Montero y la magíster Ross Mery Briceño, jefa de la Dirección de Redes Populares Zulia, (Minhvi) en el estado Zulia.
Ambas profesionales participaron en la elaboración del informe técnico-legal titulado “Informe sobre el caso de los terrenos de La Portuaria y los trabajadores y extrabajadores del Puerto de Maracaibo”.
Entre los asistentes se encontraban los extrabajadores portuarios Osvaldo Solano y Atilio Vallecillo, además de representantes de otros grupos de trabajadores. También participó Jissi Materna, en representación de algunos extrabajadores que estuvieron vinculados a la toma de viviendas en construcción del urbanismo Rafael Urdaneta.
Durante la jornada, los asistentes aportaron de manera voluntaria documentos y material informativo relacionado con el caso.
Según lo expuesto, algunos participantes habrían intervenido en procesos vinculados con los terrenos sin contar con información suficiente sobre el alcance de los beneficios derivados de su venta, particularmente respecto a su posible carácter no heredable. Para sustentar este punto, se hizo referencia a los estatutos del Fondo de Previsión Social, anteriormente denominado Caja de Ahorro de los Trabajadores Portuarios de Maracaibo.
Evolución jurídica de los terrenos
La exposición abordó la evolución histórica y jurídica de los terrenos, cuyo origen se remonta a los decretos promulgados en 1946 y 1947, mediante los cuales se creó la antigua Caja de Previsión Social de los Obreros Portuarios de Estibas y Caletas.
Posteriormente, se explicó el tracto sucesivo de la organización hasta su transformación en el extinto Fondo de Previsión Social de los Trabajadores Fijos del Instituto Nacional de Puertos (INP), durante el período comprendido entre 1991 y 1998.
Uno de los aspectos centrales fue la revisión de la venta efectuada entre 1999 y 2000. De acuerdo con la investigación presentada, los terrenos fueron vendidos inicialmente por 300 millones de bolívares de la época, pese a que un avalúo de la Contraloría General de la República (CGR) habría establecido un valor de 783.038.000 bolívares.
Las expositoras señalaron que esta diferencia podría configurar un daño patrimonial histórico que debe ser considerado en los actuales procesos indemnizatorios. No obstante, aclararon que los recursos derivados de la operación no forman parte de las prestaciones sociales de los extrabajadores portuarios, sino de los haberes pertenecientes al Fondo de Previsión Social.
Beneficiarios legítimos
Otro de los puntos analizados fue la determinación del universo de beneficiarios legítimos. Con base en criterios atribuidos a la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca), se sostuvo que el derecho sobre el remanente de los recursos corresponde exclusivamente a los asociados que permanecían activos al cierre del ejercicio inmediatamente anterior a la liquidación del INP.
- En ese sentido, la investigación identifica como referencia la nómina correspondiente al período 1990-1991 y establece una diferencia entre quienes se encontraban activos en ese momento y aquellos trabajadores que se habían retirado con anterioridad.
Las expositoras destacaron la importancia de revisar la documentación laboral y financiera para evitar exclusiones indebidas y garantizar que cualquier compensación llegue a quienes realizaron sus aportes al fondo.
Alcance del título supletorio
La exposición también permitió aclarar el alcance legal del título supletorio o de propiedad obtenido en 1993 por un grupo minoritario de directivos de una asociación civil vinculada con los trabajadores portuarios.
De acuerdo con lo explicado, el documento contiene una cláusula de reserva que deja a salvo los derechos de terceros. Esta disposición, según las investigadoras, protegería los intereses del conjunto de aproximadamente 1.535 extrabajadores considerados legítimos beneficiarios. Como respaldo, se anunció la incorporación de un extracto del documento original en los anexos de la investigación.
Solicitudes a las autoridades
En cuanto a la ruta de acción, se presentaron recomendaciones jurídicas dirigidas a las instituciones competentes y a la Sindicatura Municipal. Estas propuestas también habrían sido expuestas ante el alcalde Héctor Soto durante una reunión realizada en mayo pasado.
Entre las solicitudes se plantea que las autoridades municipales actúen como agentes de retención en los procesos de expropiación relacionados con los terrenos, especialmente ante la construcción de 40 viviendas destinadas a personas afectadas por la explosión de una fábrica de juegos pirotécnicos.
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Asimismo, se pidió revisar decretos de expropiación, contratos y operaciones vinculadas con empresas como Administradora El Anzuelo, Incopreca y Promociones Palma Sola, ante posibles situaciones de pago de justiprecio, inactividad, incumplimiento o desviación de los fines sociales originalmente previstos.
La investigación también hizo referencia a la liberación de los terrenos de una hipoteca subrogada por Juan Carlos Cabrera en 1998 y a las operaciones de venta posteriores, vinculadas con las empresas Anzuelo, Morrocoy y otras sociedades.
El encuentro concluyó con un espacio de participación en el que los asistentes formularon preguntas y reafirmaron su compromiso de organizarse para defender sus derechos socioeconómicos.
Los extrabajadores destacaron la necesidad de continuar el proceso de revisión documental y de promover mecanismos transparentes que permitan determinar quiénes tienen derecho sobre el remanente del valor real de los terrenos.
Las expositoras señalaron que el objetivo principal es contribuir al esclarecimiento de los hechos y procurar que cualquier compensación económica sea distribuida de manera equitativa entre los verdaderos aportantes del sector portuario.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
