El despliegue de tropas federales y de la Guardia Nacional en Washington y en otras ciudades del país, provocó protestas en medio del recrudecimiento de redadas migratorias. El presidente Donald Trump ha defendido estas medidas como parte de una estrategia para “restablecer la ley, el orden y la seguridad pública”, pero los críticos denuncian un giro hacia la militarización y el acoso contra comunidades vulnerables.
En Washington D.C., miles de personas salieron a las calles este sábado 6 de septiembre para protestar contra lo que describen como una ocupación de su ciudad. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, migrantes en situación irregular y residentes han denunciado detenciones arbitrarias, vigilancia masiva y el uso desproporcionado de la fuerza en barrios de clase trabajadora.
La protesta fue convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, alarmadas por la presencia de tropas federales en las calles de la ciudad. En su convocatoria señalaron que las fuerzas enviadas por el Gobierno de Donald Trump han “acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar”.
El comunicado de las organizaciones detalló que “miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias”.
La intervención federal en Washington D.C. se produjo tres semanas atrás, cuando Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional. La medida fue amparada en una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de la capital desde 1973.
Ciudadanos se oponen al despliegue de fuerzas de seguridad
A raíz de esta disposición de la Casa Blanca, miles de manifestantes exigieron al presidente estadounidense poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que patrullan las calles de la capital.
Bajo el lema “Todos Somos DC”, los manifestantes incluyeron reclamos de migrantes en situación irregular y se pudieron leer pancartas con mensajes como “Trump debe irse ahora”, “Libertad para DC” y “Resistamos la tiranía”.
Uno de los participantes, Alex Laufer, declaró a Reuters: “Estoy aquí para protestar contra la ocupación de Washington D. C. Nos oponemos al régimen autoritario y necesitamos sacar a la policía federal y a la Guardia Nacional de nuestras calles”.
Otro de los manifestantes, identificado como Casey, sostuvo a esa misma agencia de noticias que “lo que intentan hacer en Washington D. C. es lo mismo que intentan hacer con otras dictaduras. Están poniendo a prueba a Washington D. C., y si la gente lo tolera lo suficiente, lo harán en cada vez más zonas. Así que tenemos que detenerlo mientras aún podamos”.
Según una encuesta realizada por The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia, ocho de cada diez residentes en Washington se oponen a la toma federal de la Policía Metropolitana y a las patrullas de la Guardia Nacional.
La narrativa de la Casa Blanca frente a los datos locales
El presidente Trump justificó el despliegue al afirmar que la ciudad estaba siendo asolada por el crimen. Desde la Casa Blanca informaron que se habían realizado más de 600 arrestos, incluyendo detenciones de personas migrantes en situación de irregularidad.
Sin embargo, los datos oficiales contradicen esa narrativa. De acuerdo con las autoridades locales citadas por EFE, “los crímenes violentos han disminuido un 26% en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior”.
Reuters añadió que, según el Departamento de Justicia, los delitos violentos en 2024 alcanzaron el mínimo en los últimos 30 años en Washington.
La demanda legal contra el despliegue
La tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales de Washington derivó en acciones legales. El fiscal general Brian Schwalb presentó el jueves una demanda buscando bloquear el despliegue de tropas, argumentando que era inconstitucional y violaba múltiples leyes federales.
En tanto, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, se ha mostrado ambivalente. Aunque reconoció que ha habido “una marcada disminución de la delincuencia, incluyendo los robos de vehículos, desde el aumento” de personal policial federal, también afirmó que espera que la misión de la Guardia Nacional termine pronto.
La extensión del operativo antimigrantes a Chicago
El presidente no limitó sus medidas a la capital. El martes, Trump anunció que también desplegará tropas de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Chicago, la tercera ciudad más grande del país.
Una medida considerada por muchos como un esfuerzo para militarizar la tercera ciudad más grande del país lo que podría desencadenar en una batalla legal con los funcionarios locales.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dijo que se enteró a través de los periodistas de que la administración había “reunido agentes de ICE y vehículos militares, y que hay más agentes de ICE que están en camino”.
Trump reforzó su mensaje con publicaciones en redes sociales que parodiaban la película Apocalypse Now. En una de ellas escribió: “Me encanta el olor de las deportaciones en la mañana”, y agregó: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, en referencia a su orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa.
El impacto en la comunidad latina
El actual escenario coincidió con las celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, dónde este sábado, lo que era un desfile tradicionalmente ruidoso y colorido se transformó en un evento tranquilo y nervioso, según los reportes de medios de comunicación.
Eddie Chávez, residente del barrio de Pilsen, expresó a Reuters: “Este lugar normalmente estaría abarrotado. Ahora está vacío, como un pueblo fantasma”.
En diálogo con esa agencia de noticias, Isabel García, bailarina participante en el desfile, sostuvo: “Tenemos miedo, pero aquí estamos. Somos mexicanos. Tenemos que celebrar y no nos van a detener”.
Algunos festivales fueron cancelados o pospuestos ante el temor de redadas de ICE.
Redadas en una planta de Hyundai en Georgia
En paralelo a los despliegues militares, la administración Trump intensificó las redadas en lugares de trabajo. La más destacada ocurrió en Georgia, en una planta de Hyundai donde se fabrican vehículos eléctricos.
Allí, cientos de agentes federales detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos. El operativo fue descrito por Steven Schrank, agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, como “la mayor operación de cumplimiento de la ley en un solo sitio” en dos décadas.
Los detenidos incluían personas que habían ingresado legalmente pero con visas vencidas, así como trabajadores bajo programas de exención de visa que no permitían empleo en Estados Unidos.
El abogado Charles Kuck señaló que algunos de sus clientes “habían estado en Estados Unidos por un par de semanas” y planeaban regresar pronto, cuestionando el alcance de las detenciones.
En tanto, residentes locales comentaron que el impacto de la redada se sintió rápidamente en la zona, dónde comerciantes están preocupados por la estabilidad de la comunidad.
Sammie Rentz, dueño de un supermercado vietnamita, en diálogo con AP expresó: “Estoy preocupado. Los coreanos son muy orgullosos, y apuesto a que no están apreciando lo que acaba de pasar. Me preocupa que se larguen o que empiecen una estrategia de salida”.
Por su parte, Tanya Cox, residente de Ellabell, manifestó que no guarda resentimiento hacia los trabajadores inmigrantes, pero consideró que “más trabajos de construcción en la planta de baterías deberían haber sido para residentes locales”, reportó AP.
Corea del Sur reaccionó tras la detención de sus ciudadanos
El gobierno de Seúl expresó “preocupación y pesar” y envió diplomáticos al lugar para atender a sus ciudadanos.
El portavoz oficial, Lee Jaewoong, declaró que “las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley estadounidense”.
Por su parte, la organización Asian Americans Advancing Justice-Atlanta calificó la redada de “inaceptable” y sostuvo que “los trabajadores seleccionados por Hyundai son personas comunes que intentan alimentar a sus familias, construir comunidades más fuertes y trabajar por un futuro mejor”.
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Prensa LOV/Carmen Cecilia Guerra
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