Siria: el largo camino para documentar la magnitud de los crímenes de la dinastía Al-Assad

La caída de Bashar al-Assad ha creado una oportunidad histórica para reunir pruebas directas de los crímenes del régimen sirio que hasta ahora eran inaccesibles para los investigadores. Tras cincuenta años de violaciones masivas de los Derechos Humanos, muchos sirios exigen verdad y justicia.

Torturas, ejecuciones, ataques químicos contra civiles, limpieza étnica, bombardeos de zonas residenciales, uso de la hambruna como arma de guerra… La letanía de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el régimen de Bashar al-Assad no parece tener fin. Tras décadas de impunidad, los investigadores internacionales esperan ahora obtener acceso directo a las pruebas que documentan cincuenta años de abusos.

Al igual que su padre antes que él, el depuesto dictador construyó su poder sobre un régimen sanguinario y paranoico en el que una palabra de más podía conducir al infierno en las cárceles de Siria. Esta implacable represión alcanzó su punto álgido tras la Primavera Árabe. Desde 2011, la ONU calcula que más de 300.000 civiles han sido asesinados, sin contar la desaparición de al menos 100.000 sirios.

«La caída de Bashar al-Assad representa una oportunidad absolutamente increíble», explica Aymeric Elluin, responsable de Promoción de Armas y Conflictos de la ONG Amnistía Internacional.

«Para construir casos sólidos e irreprochables, necesitamos tener acceso a fuentes primarias, en particular a los lugares donde se cometieron los abusos. Sin embargo, desde marzo de 2011, el régimen ha bloqueado nuestro acceso al territorio sirio. Por lo tanto, nuestro trabajo se ha llevado a cabo a distancia, utilizando imágenes por satélite y los testimonios de los supervivientes de las prisiones que se han refugiado en el extranjero», añade.

A pesar del cierre impuesto por la Siria de Bashar al-Assad, «hemos podido acceder a mucha información gracias a la sociedad civil siria, que muy pronto recogió testimonios y documentos oficiales», señala, por su parte, Chloé Pasmantier, abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Una montaña de pruebas

Esta temprana recopilación de pruebas se vio facilitada por la metódica burocracia del régimen sirio, que registró su trabajo de muerte con una precisión aterradora.

En 2014, la escala industrial de las torturas infligidas a los opositores en Siria salió a la luz con el expediente ‘César’, seudónimo del soldado encargado de tomar fotos de los cuerpos torturados de los prisioneros. Su deserción permitió elaborar un informe con 55.000 fotos de 11.000 detenidos torturados y muertos entre 2011 y 2013 en varios centros de detención.

Ante esta montaña de pruebas, la ONU creó en diciembre de 2016 el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (MIII), un «facilitador de justicia» con sede en Ginebra y encargado de centralizar las pruebas y alimentar los procesos judiciales abiertos a nivel nacional contra funcionarios sirios en varios países europeos.

Un ejemplo es Francia, donde tres exfuncionarios del régimen fueron juzgados en ausencia a finales de mayo y condenados a cadena perpetua. Según la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), encargada también de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, hay 24 procedimientos abiertos contra el régimen sirio y sus auxiliares, según el diario Le Monde.

En Alemania, un excoronel de los servicios de inteligencia de Siria fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad en enero de 2022. Anwar Raslan fue declarado culpable de la muerte y tortura de presos en un centro de detención secreto del gobierno en Damasco entre 2011 y 2012.

En noviembre de 2023, la Justicia francesa también dictó una orden de detención contra el ahora expresidente sirio por el ataque químico de agosto de 2013 en Ghouta, en el que murieron más de 1.400 personas.

Miedo a la destrucción

A pesar de la abundancia de pruebas ya recogidas, la caída del régimen sirio ha abierto un nuevo campo de exploración para los investigadores internacionales al darles acceso directo a los edificios oficiales y a las cárceles sirias.

Siria es «la escena del crimen, así que si podemos tener acceso a la escena del crimen, cambia el juego para nosotros», resume Robert Petit, el fiscal canadiense que dirige el MIII desde principios de 2024.

«Sobre todo porque el régimen se derrumbó muy rápidamente, lo que sin duda impidió a los autores destruir las pruebas. Esto ofrece perspectivas muy positivas en términos de búsqueda de la verdad», subraya el abogado Johann Soufi, experto en Derecho Internacional.

La prioridad ahora es preservar estas pruebas durante el periodo de transición. El domingo 8 de diciembre, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria pidió a los grupos rebeldes que derrocaron a Al-Assad que «tengan mucho cuidado co las pruebas de violaciones y crímenes».

«Debemos evitar que estas pruebas sean destruidas, no solo por los grupos que han tomado el poder, sino también por cualquier otra parte o Estado».

Israel llevó a cabo un gran número de ataques contra varios emplazamientos militares, entre ellos el Centro Sirio de Estudios e Investigación Científica [CERS], donde el régimen desarrollaba sus armas químicas. «En este bombardeo se destruyeron probablemente documentos cruciales sobre la fabricación y el uso de estas armas», deplora Chloé Pasmantier.

Sin embargo, según el abogado, los sirios tienen todos los conocimientos y la experiencia necesarios para recoger y conservar pruebas que puedan utilizarse en procedimientos judiciales. El nuevo hombre fuerte de Damasco, Abu Mohammad al-Jolani, líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham -también conocido como HTS- reafirmó el miércoles que no se concedería amnistía a los torturadores.

Poner fin al «ciclo de violencia»

Queda por ver cómo se juzgará a los responsables de los crímenes cometidos por el antiguo régimen sirio. «Uno de los principios fundamentales de la justicia internacional es que siempre corresponde a las jurisdicciones nacionales y a un pueblo hacer justicia a las víctimas», señala el experto en Derecho Internacional Johann Soufi.

«Luego, un país puede solicitar peritaje adicional y crear, por ejemplo, un tribunal mixto como en Camboya o Líbano. Pero esto depende de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado solicitante».

Por otra parte, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene actualmente jurisdicción en Siria, porque el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado internacional por el que se creó este tribunal.

«Los intentos del Consejo de Seguridad de la ONU de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional fracasaron por la oposición de Rusia, pero ahora nada impide que Siria ratifique el Estatuto de Roma, con una posible solicitud de retroactividad para que la CPI pueda asumir la jurisdicción sobre los crímenes cometidos por el régimen de Bashar al-Assad», explica Chloé Pasmantier.

Sin embargo, actualmente es demasiado pronto para conocer la naturaleza del futuro poder judicial sirio, o la voluntad de los nuevos amos de Damasco de colaborar con los actores internacionales.

«Hay que subrayar que los grupos rebeldes también han cometido violaciones de los Derechos Humanos. A partir de ahora, los grupos armados que han tomado el poder deben respetar el Derecho Internacional y contribuir a que se haga justicia en Siria», argumenta Aymeric Elluin, de Amnistía Internacional.

Por su parte, los investigadores del MIII de la ONU se declaran dispuestos a intervenir en Siria, aunque por el momento no se haya establecido ningún contacto con las nuevas autoridades. Según los expertos entrevistados por France 24, la búsqueda de la verdad y la justicia debe ser un pilar central del futuro de Siria.

«La impunidad alimenta el sentimiento de injusticia y refuerza el deseo de venganza entre comunidades, perpetuando un ciclo de violencia. La única manera de acabar con esto es establecer una justicia que respete los Derechos Humanos. Puede tener un efecto disuasorio, al demostrar que la comisión de actos delictivos acarrea consecuencias jurídicas, incluso décadas después», afirma Johann Soufi.

«Documentar los hechos significa también buscar una verdad histórica que de otro modo podría ser discutida«, prosigue el experto. «Por último, es esencial satisfacer las necesidades de las víctimas garantizando sus derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación».

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